Año decisivo en inmigración

Con un récord de expulsiones en el 2012, los inmigrantes vieron decisiones de gran trascendencia

Uno de los grupos protagónicos del año fueron los jóvenes que lucharon en favor del Dream Act.

Uno de los grupos protagónicos del año fueron los jóvenes que lucharon en favor del Dream Act.

Foto: EFE
PUBLICADO: EST Dec 27, 2012 11:15 am EST

WASHINGTON, D.C.— Como un año difícil y repleto de contrastes. Así se puede definir 2012 cuando se habla de la política de control de inmigración en Estados Unidos. Cifras récord de deportaciones, acompañan estadísticas esperanzadoras en áreas como Acción Diferida y otros beneficios migratorios. Mientras, las cortes de inmigración no dan abasto. La gran deuda: una reforma migratoria.

Como un antes y un después de 2012. Así califican varios activistas y expertos los cambios durante este año. Uno que partió con un presidente Barack Obama insistiendo en que no era posible realizar modificaciones a nivel administrativo y que terminó con el otorgamiento de Acción Diferida para los jóvenes dreamers (DACA).

"La mayoría de las políticas que actualmente se aplican en inmigración, no nacieron durante este Gobierno. Pero este año marcó una diferencia, ya que la estableció la autoridad presidencial en un área muy importante: DACA. Esta será conocida como uno de los hitos en este campo", explicó Muzaffar Chishti, experto de Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria).

Según las últimas cifras reportadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)se han recibido 367,903 peticiones para DACA, de las cuales se han aceptado 355,889. Tan sólo en California se han registrado 98,531 casos, seguido por Texas con 57,542 y Nueva York con 21,635.

No obstante, 2012 fue también el año en que el control de inmigración ha llegado a su punto más crítico. 409,849 personas deportadas, de las cuales sólo 225,390 habían cometido delitos graves.

A través de diversos memorandos internos, la Administración ha detallado su intención de dar prioridad a la deportación de criminales. La semana pasada emitió una nueva guía, que restringe el uso de órdenes de detención en personas con infracciones menores, como delitos de tráfico.

"Durante el último año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha continuado enfocándose en un control de inmigración efectivo [...] esta área se ha reformado dando prioridad a la deportación de criminales", comentó el vocero de DHS Peter Boogaard.

A pesar de esto, diversas fuentes a nivel de Gobierno y Congreso reconocen que existen problemas a nivel interno en el Departamento de Seguridad Nacional, a la hora de implementar directrices similares. De hecho, el presidente del sindicato del ICE, Chris Crane, ha criticado abiertamente este tipo de medidas.

"Necesitan mejorar su habilidad de realmente enfocarse en los criminales de alta prioridad. Pero la realidad es que existe sólo un número limitado en este grupo, pronto alcanzarán el fondo del barril y si la premisa es deportar a 400 mil personas, inevitablemente removerán a más gente sin un récord delictivo", enfatizó Chishti.

El polémico programa Comunidades Seguras, que chequea las huellas dactilares de personas detenidas en jurisdicciones suscritas a él y las contrasta con bases de datos federales, ha conseguido una expansión considerable. Actualmente 3,074 jurisdicciones están activadas. Un 97% del total. Desde su implementación en 2008, el programa ha identificado a cerca de 166 mil personas indocumentadas con antecedentes criminales.

"Comunidades Seguras atenta contra los derechos civiles de nuestras comunidades. Se van a seguir quedando cortos en términos de aplicar las leyes migratorias, mientras no exista una respuesta completa, como una reforma integral", aseguró Clarissa Martínez, directora de campañas y política migratoria del Consejo Nacional de la Raza.

"En teoría sí sirve que tengan programas que les ayuden a enfocarse en el elemento criminal, pero en la práctica la meta se diferencia mucho de la realidad", agregó.

En paralelo, el Gobierno se ha alejado de programas como 287g. Este autoriza a oficiales locales y estatales a inspeccionar a personas para comprobar su estatus migratorio y les permite retenerlos por violaciones a leyes de inmigración.

Este año, a la luz del debate sobre SB1070, el Gobierno anunció que cancelaría los siete memorandos de entendimiento con el estado de Arizona, para la ejecución del programa 287g. Lo mismo ocurrió en otras zonas del país.

En cuanto a beneficios como las visas T, U y VAWA, destinadas a personas que colaboran en investigaciones, víctimas de tráfico y violencia doméstica, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), tiene un récord que aún puede mejorar.

En el año fiscal 2012, se aprobaron 3,305 peticiones para VAWA y se rechazaron 1,854. Para la visa T postularon 5,820 personas, de las cuáles 3,309 obtuvo el beneficio. Para la visa U aplicaron 24,768 y se aprobaron 10,122.

En otro frente, la agencia está a punto de anunciar un cambio importante para las familias de indocumentados. En pocos días difundirán la regulación final que permite que hijos o esposos de ciudadanos que no tengan papeles, modifiquen su estatus migratorio, sin someterse al castigo de 3 y 10 años para reingresar al país.

Ahora las personas podrán postular a este beneficio dentro de Estados Unidos. Antes debían esperar la respuesta en el extranjero, lo que los separaba de sus familiares por un periodo cercano a los seis meses.

Finalmente, área donde continúan los problemas, son las cortes de inmigración. La falta de jueces y recursos, han perpetuado los retrasos en audiencias y resoluciones finales. Actualmente existen 321,041 casos pendientes en el país, casi el doble que en 2008.

Al comenzar 2013, millones de hispanos tienen una sola esperanza. Que el Gobierno y el Congreso den una solución a la mayoría de los problemas vigentes, a través de una reforma migratoria integral. Una meta ambiciosa, que algunos todavía ven como imposible.

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