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Kat Rodríguez, vocera de la coalición, dijo hoy a Efe que han visto un incremento en las quejas de personas sobre la presencia de agentes fronterizos dentro de las salas de emergencia e incluso en el área de maternidad de hospitales en ciudades como Tucson, ubicada a menos de una hora de la frontera con México.
"Hemos escuchado muchas historias e inclusive yo misma he visto a los agentes de la Patrulla Fronteriza dentro de los hospitales, en los estacionamientos, gente que nos dice que no quieren ir al hospital porque ahí está Inmigración", relató la activista.
Indicó que la coalición, junto con la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), quiere investigar y determinar qué tan serio es este problema y qué tan frecuente es, no sólo en Arizona sino también en otros estados como Alabama donde también se han aprobado leyes estatales en contra de la inmigración ilegal.
"Queremos que nuestra gente reporte si vieron a la Patrulla Fronteriza dentro del hospital, fuera del hospital o si vieron a una persona siendo arrestada dentro del hospital o si fueron esposados", señaló Rodríguez.
"Creemos que no tiene ningún sentido tener a la Patrulla Fronteriza dentro de la sala de emergencia, en los pasillos o dentro del cuarto cuando una mujer está dando a luz", enfatizó.
La activista reconoció que no existe ninguna ley federal o estatal que impida a los agentes de la Patrulla Fronteriza entrar a un hospital, pero aclaró que esta dependencia federal como la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene una política interna de no entrar en lugares calificados como "sensibles", como son las escuelas y las iglesias.
"Creemos que los hospitales deben estar dentro de esta misma categoría", manifestó.
En su opinión, los hospitales deben establecer reglas sobre la presencia de los agentes federales.
"La prioridad de los hospitales debe ser la salud de los pacientes", aseguró Rodríguez.
Esta no es la primera vez que se dan reportes de cooperación entre hospitales y autoridades migratorias.
En Arizona han ocurrido varios casos en los que indocumentados han sido deportados a sus países de origen después de ser estabilizados en los hospitales debido a que por su estatus migratorio no califican para recibir asistencia pública.
"Para mí fue una experiencia humillante, siento que mis derechos civiles fueron violados", dijo hoy a Efe Miriam Avilés-Reyes, de 26 años y madre de cuatro niños.
Hace cinco años que Avilés-Reyes vivió lo que calificó como la "peor experiencia" de su vida, cuando tuvo que soportar que un agente de la Patrulla Fronteriza estuviera a su lado "como si fuera su esposo" mientras ella daba a luz en un hospital en Tucson.
"Lo único que recuerdo es que a cada rato me decía el agente "échale ganas, una vez que tengas a tu bebé, él y tu se van a ir a México", dijo la inmigrante indocumentada.
La mujer fue detenida tras una supuesta infracción de tráfico, junto con su esposo y sus tres hijos que en ese entonces tenían 6 y 5 años y un bebé de pocos meses de nacido por un policía en la ciudad de Tucson quien al percatarse de que no tenían "papeles", llamó a la Patrulla Fronteriza.
Avilés-Reyes comenzó a tener síntomas de parto, por lo que fue transportada a un hospital, mientras que su esposo y sus hijos fueron llevados a un centro de detenciones a pesar de que los menores eran ciudadanos de EE.UU. y tenían la documentación para probarlo.
"Fue una experiencia traumática, mis hijos aún no pueden olvidar que los llevaron a 'la cárcel', junto con su papá", aseveró.
Hoy también el grupo Respect/Respeto con sede en Phoenix informó del caso de un inmigrante indocumentado identificado como Victorio Rivera Armento, quien se encuentra en coma en el hospital San José en esa misma ciudad después de un accidente automovilístico y quien podría ser enviado a México.
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