La forma unilateral en que el alcalde de East Haven, Joseph Maturo Jr., seleccionó a su nuevo jefe de la Policía deja mucho que desear.

Tras la investigación federal que descubrió acoso y brutalidad policial contra residentes latinos en esa municipalidad en Conneticut, lo mínimo que se esperaba del alcalde era una designación transparente, que recobrara la confianza de los residentes de East Haven en sus líderes y cuerpos de seguridad.

En vez de eso, Maturo decidió cederle el cargo a John Mannion, quien trabajaba bajo el mando de Leonard Gallo, el jefe a cargo del departamento durante el tiempo de acoso, y quien anunció su jubilación en el torbellino del escándalo.

Mannion tiene un tremendo trabajo por delante para reformar el controversial cuerpo policial. El nuevo jefe debe llevar a cabo las reformas urgentes para sanear el cuerpo policial y descubrir –si los hay– a otros posibles uniformados involucrados. Entre las reformas pendientes están establecer una comunicación continua con comunidades emergentes y adiestramientos sistemáticos de sensibilidad cultural y relaciones con residentes.

Pero las propuestas de reformas saldrán de un comité de ocho miembros que Maduro formó para reformar al departamento. Reportes recientes indican que el exjefe Gallo continúa sirviendo en tal comité. Gallo debe dejar el puesto inmediatamente, y Maturo debe comprometerse a reemplazarlo por un latino, preferiblemente alguien que conozca a la comunidad hispana de East Haven, mayoritariamente ecuatoriana.

Las acciones fuertes y justas por parte del Departamento de la Policía no sólo enviarán un mensaje de confianza a la comunidad, sino también al juzgado a cargo del caso de los cuatro policías presuntamente involucrados en este imperdonable caso de abuso policial.

Los jueces deben sopesar la extensión de las presuntas acciones de estos policías con máxima sobriedad. La fractura que este presunto comportamiento discriminatorio creó en la relación de las comunidades inmigrantes con los policías son profundas y tienen consecuencias directas en la seguridad pública.

Por eso damos por sentado que los jueces harán caso omiso de la descarada solicitud de uno de los policías acusados, de que se le retiren los cargos "debido a la publicidad que ha recibido el caso". Tal solicitud es simplemente infame.

Este denigrante escándalo no es noticia de un día. La sentencia aquí debe ser justa. Esperamos que East Haven use este oscuro capítulo para convertirse en modelo de cambio.