La tragedia que el miércoles dejó más de 350 presos muertos en una cárcel de Honduras revela los problemas de un país que tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, una red penitenciaria desbordada y un lentísimo sistema judicial.

Las autoridades hondureñas aún deben determinar si el incendio de la prisión de Comayagua, a unos 80 kilómetros de Tegucigalpa, fue causado por un corto circuito, o si un reo intencionalmente le prendió fuego a un colchón. También hay que determinar con claridad la respuesta de los guardias ante el siniestro. Informes de prensa apuntan a que les causó más preocupación la posibilidad de una fuga de presos, que la urgencia de salvarles la vida.

Es imperante que el gobierno de Porfirio Lobo investigue y establezca responsabilidades en esta tragedia, y que instituyan reformas inmediatas que garanticen los derechos humanos y civiles de detenidos y convictos.

Lo ocurrido en la prisión de Comayagua pone en manifiesto una serie de problemas que, en conjunto, exponen el gran desafío que enfrenta no solo Honduras sino otras naciones de América Latina.

Las cifras le darán una idea de los muchos factores que causan una tragedia como esta: Honduras tiene una tasa de homicidios de 82 personas por cada 100,000 habitantes; la prisión de Comayagua albergaba a 852 presos, el doble de su capacidad; de estos detenidos, más de la mitad esperaban ser procesados o condenados.

La sobrepoblación penitenciaria, que jugó un papel clave en esta tragedia, también es un serio problema a lo largo del continente. En los pasados 10 años murieron más de 730 presos en incendios, motines y riñas en Chile, Honduras, la República Dominicana y Venezuela. En otras naciones, las peligrosas condiciones penintenciarias representan una bomba de tiempo. En El Salvador, por ejemplo, 25,400 presos comparten un espacio diseñado para 8,100 personas.

El problema comienza con la delincuencia, que en muchos casos es consecuencia de la pobreza y la falta de oportunidades, y desemboca en un inadecuado sistema judicial que almacena sospechosos junto a convictos en prisiones sobrepobladas, a la espera de una justicia que anda a paso de tortuga.

El concepto de rehabilitación del preso debe rescatarse. Es responsabilidad de los estados hacer de este concepto una prioridad y velar por el respeto de los derechos humanos de los presos. De otra manera, las sociedades latinoamericanas seguirán siendo prisioneras de este tipo de tragedias.

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