Algunos lo llaman una guerra contra la religión, contra la libertad de expresión y un ataque a la Iglesia católica. En realidad, la nueva norma federal que impone la reforma médica ya existe en la mayoría de los estados y todo el escándalo alrededor de ella no es más que politización de una cuestión médica en un año electoral.

A partir de agosto entra en vigencia la orden para que la mayoría de los planes de seguro médico cubran servicios preventivos para la mujer, incluyendo la contracepción sin un copago ni deducible.

Las iglesias, como los templos religiosos están eximidos de esta obligatoriedad. Sin embargo, para la Iglesia católica esto no es suficiente, sino que quiere que se exima también a otras organizaciones con tintes religiosos como caridades, hospitales y universidades.

Creemos en este caso que la demanda de la Iglesia es una exageración. La Iglesia tiene sus valores religiosos y la sociedad sus leyes. En este caso la ley respeta y da su espacio correspondiente a la libertad de fe.

Dicho esto, un hospital católico como empleador no debe tener el derecho de seleccionar a su conveniencia cuales leyes laborales quiere respetar parcialmente o en su totalidad. Una universidad o un centro médico tiene una gran variedad de empleados y sus fines están más allá de la propagación de la fe. Para ellos, eso es un empleo y no una iglesia.

¿Qué pasaría si toda organización con lazos religiosos seleccionara cuáles leyes laborales cumplirá, guiándose exclusivamente según su doctrina?

Hay doctrinas religiosas que prohíben las transfusiones de sangre, no por eso toda organización ligada a esa doctrina tendría una cobertura médica que no permita la transfusión de sangre.

Además, el requerimiento de la reforma médica nos es algo nuevo. Ya hay 28 estados con leyes de este tipo en funcionamiento, de esta manera la ola de protesta tiene un sospechoso contenido político. A las quejas desde el altar de los sacerdotes se le unieron los precandidatos presidenciales republicanos y ahora los líderes legislativos de la oposición. Todo es políticamente conveniente para movilizar un voto religioso.

La reforma médica de Obama es el blanco preferido de los conservadores, la crítica de la Iglesia católica alimenta el fuego con una nueva demanda.

La propuesta del viernes pasado de la Casa Blanca responde a la queja con una maniobra que permite que en estos casos no sea el empleador el responsable de la cobertura de anticonceptivos, sino la aseguradora que provee la cobertura. Esperamos que este compromiso político sea la solución.

La libertad de fe y de expresión es un derecho esencial, pero también lo es el derecho de la mujer a tener acceso a los servicios médicos necesarios. La reforma médica cumple con esos dos puntos en esta área.