Comunidades Seguras afecta la vida de inmigrantes en EEUU

Las últimas cifras oficiales demuestran que el programa de deportación sigue actuando con fuerza ya que ha forzado la expulsión de unos 247.000 personas

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Activistas contra el programa Comunidades Seguras han denunciado a Cecilia Muñoz, una alta funacionaria de la Casa Blanca y una vez oficial del grupo La Raza.

Activistas contra el programa Comunidades Seguras han denunciado a Cecilia Muñoz, una alta funacionaria de la Casa Blanca y una vez oficial del grupo La Raza.

La agresiva política de deportaciones del programa de Comunidades Seguras es cuestionada por activistas e inmigrantes.

La agresiva política de deportaciones del programa de Comunidades Seguras es cuestionada por activistas e inmigrantes.

Comunidades Seguras es un programa que ingresa las huellas dactilares de personas detenidas y se contrastan con bases de datos del FBI y Homeland Security.

Comunidades Seguras es un programa que ingresa las huellas dactilares de personas detenidas y se contrastan con bases de datos del FBI y Homeland Security.

Neoyorquinos ya han demostrado su rechazo al programa, pero Comunidades Seguras sigue en vigor.

Neoyorquinos ya han demostrado su rechazo al programa, pero Comunidades Seguras sigue en vigor.

Foto: Archivo
Por:

CLAUDIA TORRENS/AP

PUBLICADO: Jan, 18, 2013 12:00 am EST Jan 18, 2013 12:00 am EST print article
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NUEVA YORK - Ciertos cambios anunciados recientemente por el gobierno estadounidense podrían suavizar el impacto del programa de deportaciones Comunidades Seguras, pero las últimas cifras oficiales demuestran que la iniciativa sigue actuando con fuerza: ha forzado la expulsión de unos 247.000 inmigrantes desde que fue impuesta por primera vez en un condado de Texas a fines de 2008 y expandida a más de 3.000 jurisdicciones.



California es el estado donde Comunidades Seguras ha facilitado más deportaciones, 90.092, desde que fue impuesto allí en mayo de 2009, seguido de Texas con 56.179 desde fines del 2008 y Arizona, con 24.209 desde diciembre de ese mismo año.



Los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas, conocidos como ICE por sus siglas en inglés, han descartado renovar contratos de programas de colaboración con policías locales pero han descrito a Comunidades Seguras como "un uso más eficiente de recursos para enfocarse en casos prioritarios (de deportación)", es decir, en casos de inmigrantes considerados como una amenaza para la sociedad.



"Comunidades Seguras ha demostrado ser la herramienta más valiosa a la hora de permitir a la agencia concentrar sus recursos en individuos que representan estos casos prioritarios", dijo Dani Bennett, portavoz de ICE, a The Associated Press.



El gobierno espera que el programa quede activado en todas las jurisdicciones del país en 2013.



Bajo Comunidades Seguras las huellas dactilares de cualquiera que ingresa en una cárcel local o del condado son enviadas al Departamento de Seguridad Nacional y comparadas con datos en archivos migratorios. Si el gobierno cree que un detenido se encuentra ilegalmente en el país o no es un ciudadano estadounidense, ICE puede emitir una orden de detención migratoria llamada "detainer" en inglés. La orden pide a la policía o cárcel local que retenga al inmigrante sospechoso durante un tiempo adicional para evaluar si puede ser deportado y quedar bajo custodia federal.



Una nueva normativa anunciada en diciembre por John Morton, el director de ICE, suaviza el impacto que Comunidades Seguras podría tener en el futuro ya que ordena que la agencia no emita órdenes de detención migratoria contra inmigrantes con tan sólo faltas leves como infracciones de tráfico.



Sin embargo, activistas que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos han reaccionado con cautela y hasta con cierto escepticismo al anuncio de la medida.



"Es un paso en la dirección correcta pero la cuestión es cómo implementarán esta política, como se va a asegurar ICE que sus agentes la implementan. Hay personas que quizás tengan una falta leve pero acaben deportadas debido a una orden de deportación de hace 20 años", dijo Jacki Espósito, de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York.



Agregó que "a medida que Comunidades Seguras se expande en el país y a medida que el programa permanece en un mismo lugar más tiempo, los números de deportaciones irán aumentando".



Activistas y varios gobernadores y congresistas demócratas se han opuesto a la implementación del programa en sus estados porque dicen que inmigrantes trabajadores que no representan ningún peligro y contribuyen a la sociedad y la economía son también objetivo de Comunidades Seguras. A pesar de sus protestas el gobierno ha activado Comunidades Seguras en 3.074 jurisdicciones de 50 estados y cuatro territorios.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo en junio de 2011 que existía "preocupación sobre la implementación del programa, así como su impacto en familias, comunidades inmigrantes y agencias que imponen el cumplimiento de la ley en Nueva York".



Cuomo suspendió la participación de su estado en Comunidades Seguras, pero a pesar de ello el programa ha ayudado a deportar a 2.068 inmigrantes en Nueva York desde que fue implementado por primera vez en uno de sus condados en enero de 2011.



En la ciudad de Nueva York, el programa ha impulsado la deportación de más de 448 inmigrantes desde el debut de Comunidades Seguras en la metrópoli, el 15 de mayo de 2012.



En Illinois, donde el gobernador Pat Quinn dijo que no colaboraría con el gobierno, Comunidades Seguras ha facilitado la deportación de 2.259 inmigrantes desde finales de 2009, según cifras de ICE. El programa está activo en 26 condados de Illinois, según datos oficiales.



Ciudades como Los Ángeles y Nueva York, sin embargo, han anunciado que limitan la colaboración de sus agencias de policía con las autoridades federales a la hora de hacer cumplir Comunidades Seguras porque no les gusta el programa y aseguran que con él los inmigrantes pierden confianza en las fuerzas de seguridad locales y dejan de reportar delitos.



Gavino Hernández, un jornalero mexicano sin papeles que vive en Nueva York, dijo que oír de programas como éstos le provoca inseguridad y que por ese motivo el inmigrante se esfuerza sólo en trabajar y no meterse en problemas.



"Yo voy con cuidado para no ser arrestado", dijo Hernández, de 46 años y quien ha entrado y salido de Estados Unidos varias veces desde 1991 a través del pago de "coyotes" en la frontera. "Espero que políticas como estas no me afecten porque no me he portado mal aquí. Yo sólo trabajo. No hago nada más", añadió.



La controversia alrededor de Comunidades Seguras se vive en un momento de expectativa ante la posibilidad que el presidente Barak Obama proponga una reforma migratoria que abra un camino a la legalización de 11 millones de inmigrantes sin papeles. Varios congresistas demócratas están trabajando también en proyectos de ley para reformar el sistema migratorio.



Bennett, la portavoz de ICE, dijo que desde la activación de Comunidades Seguras en 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012 el programa ha ayudado a deportar a más de 189.000 inmigrantes acusados de un crimen, incluyendo a más de 70.000 acusados de delitos violentos como asesinato, violación y abuso sexual de menores.



"Aproximadamente un 95% del total de 246.924 deportaciones generadas a través de Comunidades Seguras claramente corresponden a una de las categorías prioritarias de expulsión que tiene ICE", dijo Bennett.



El gobierno anunció en diciembre que durante el año fiscal 2012 la agencia deportó a una cifra récord de 409.849 individuos, lo que supone un 3% más que en el año fiscal 2011.
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