Claman en México por una ley contra niños sicarios
Redim hizo el cálculo de cuánto menores son usados como sicarios o sembradores; muchos de ellos están reportados como desaparecidos
En los últimos años, cerca de 7 mil niños han perdido la vida de forma violenta por verse inmiscuidos en grupos delictivos. Crédito: Getty Images
Al mexicoamericano Rosalío Reta le enseñaron a matar desde los 13 años y hasta los 17, cuando lo detuvieron las autoridades mexicanas. Han pasado ya cinco años de esto y con ello, una decena de entrevistas en las que poco a poco reveló qué, cómo y dónde aprendió a ser asesino a sangre fría, a desenfundar armas contra enemigos y a tener “sensación de poder” frente a la impunidad.
Hoy, enfrenta una pena de alrededor de 70 años de cárcel en Texas, donde fue extraditado por asesinatos ordenados desde México por Miguel Ángel Treviño, el “Z40”.
Actualmente, en México, alrededor de 1,100 niños se encuentran en cárceles, aunque con penas menores con relación a las que pueden alcanzar en EEUU, situación que no deja de ser motivo de preocupación.
El millar de menores presos representa uno de cada cinco niños en prisiones mexicanas (el resto fue por robo, secuestro o delitos contra la salud), además de que en los últimos ocho años, han muerto de manera violenta alrededor de 6,725 jovencitos, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Redim aglutina a varias organizaciones defensoras de los niños que abandera una campaña para que desde la ley, se proteja a los menores expuestos al crimen organizado.
“Además de los problemas familiares, la pobreza, semianalfabetismo y las adicciones, ahora también tienen que enfrentar el riesgo de ser reclutados para ser sicarios con todas las consecuencias”, advirtió el director ejecutivo, Juan Martín Pérez.
El activista considera que una de las acciones más importantes debe ser incorporar, y dejar bien claro en el Código Penal Federal y en otras leyes estatales, la prohibición explícita al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados, así como informar públicamente del número y situación jurídica de los niños detenidos: dos acciones, hasta hoy, limitadas.
De esta situación, advierte la urgencia de concluir el proceso para tener una la ley federal con una importante reestructuración orgánica, operativa y presupuestal para la creación de agencias del Ministerio Público, juzgados, policías, defensores públicos y centros de internamiento especiales para adolescentes en todo el país.
De acuerdo con el artículo 22 la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados que son parte (como es el caso de México) tomarán “todas las medidas apropiadas” para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”.
