Editorial: Violencia y salud mental
El fracaso de las autoridades en general para lidiar con los discapacitados mentales es un tema más político que policial.
Muchos desamparados prefieren quedarse en la calle que ir a los refugios. Crédito: Impremedia
El reciente reporte federal sobre el Departamento de Policía de Baltimore hizo un inusual énfasis en la difícil relación entre los oficiales y las personas con enfermedades mentales.
El uso inadecuado de la violencia en estas relaciones es el resultado de la falta de capacitación de los agentes, según el reporte, pero el fracaso en general para lidiar con los discapacitados mentales es un tema más político que policial.
Uno de los grandes problemas es la incapacidad en el Congreso de reconocer la importancia del tema y legislar medidas concretas para ayudar a los cerca de 44 millones de personas en EEUU que padecen algún tipo de mal mental. Sin embargo, la discusión sobre lo que debería ser una prioridad de salud, está contaminada por el divisivo debate sobre el control de armas.
Este año el Congreso tuvo en sus manos una medida que beneficiaba el tratamiento de los enfermos mentales con mayor organización y facilidad de servicios, con subsidios estatales y exigía a las aseguradoras que cubran la salud mental igual que la enfermedad física. El proyecto pasó la Cámara Baja con un respaldo extraordinario para luego morir en el Senado.
El problema es que la medida surgió como la respuesta republicana a la masacre de la escuela Sandy Hooks, al definir que la causa de la masacre no era el fácil acceso de un enfermo mental a armamento de guerra -como dicen los demócratas- sino la enfermedad en sí.
La estocada final al proyecto fue la enmienda del senador John Cornyn (R-Texas) que devolvía el derecho a portar armas a los enfermos mentales después del tratamiento. La intransigencia para cambiar la ley vigente en favor de facilitar mayor acceso a las armas confirma que la prioridad no era la salud mental.
La enfermedad mental es un problema nacional. Un tercio de los indigentes la padecen, al igual que un altísimo porcentaje de pacientes encerrados en facilidades locales estatales y federales. La falta de tratamiento tiene un alto costo económico y social cuando la opción es la calle o la prisión.
A los policías les toca lidiar con esta población en situaciones tensas. Esa es una realidad en la que los oficiales deben estar entrenados. Lo triste es que ante la falta de interés político hacia los enfermos mentales, para muchos de ellos el primer contacto social es con un policía en un callejón oscuro en vez de con un médico.
