Centros de detención de inmigrantes no deben estar en manos privadas

La presidenta del Concejo Melissa Mark-Viverito instó este lunes al Departamento de Seguridad Nacional acabar con el uso de los centros de detención de inmigrantes administrados por empresas privadas.

Mark-Viverito hizo también un llamado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que siga los pasos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), entidad que ha dado la pauta de poner fin a la utilización de los centros de detención de inmigrantes de gestión privada, que, “una y otra vez, han demostrado su ineficacia en conducir adecuadamente o no están dispuestos a cumplir con los estándares adecuados de atención”, sostuvo la edil.

“A diferencia de las prisiones y centros de detención administradas por el gobierno, las instituciones privadas no están sujetas a los mismos requisitos de información y transparencia. Como resultado, el DHS y los contratistas privados han privado a los inmigrantes detenidos de sus derechos civiles y jurídicos básicos sin recibir consecuencias por estas violaciones”, destacó Mark-Viverito.

Según la presidenta del Concejo, dado el número de demandas de acción presentado recientemente por los inmigrantes, el DHS ya no puede ignorar la violación sistemática de los derechos humanos de los inmigrantes con detenciones administrativas, muchas de los cuales son refugiados y solicitantes de asilo.

Por lo tanto, hizo un llamamiento a la DHS e ICE a poner fin a la utilización de los centros de detención de inmigración privados, y volver a evaluar pautas de detención y mecanismos de control existentes para asegurar que los inmigrantes en detención migratoria civil, no se vean privados de sus derechos humanos básicos o su capacidad para perseguir alivio migratorio disponibles bajo las leyes y regulaciones de los Estados Unidos.

Así mismo, Mark-Viverito denuncia en la carta que los centros de detención privados a menudo crean obstáculos significativos para los detenidos que buscan asesoría legal y acceso a la justicia.

El Ayuntamiento con el apoyo de algunos concejales han proporcionado una importante financiación para los servicios legales de inmigración y continuará solicitando al Congreso que establezca el derecho a la asistencia a los inmigrantes que enfrentan la deportación, dijo Mark-Viverito.

Finalmente agregó que la colocación de obstáculos a la obtención de un abogado, hace que sea mucho más probable que muchos de los que tienen derecho al alivio no lo conseguirán.