Peña, cuatro años de claroscuros

A dos años de que termine su administración, el mandatario mexicano resta una larga lista de promesas sin cumplir

MÉXICO – El presidente Enrique Peña Nieto llega a la última etapa de su gobierno con una larga lista de incumplimientos y desatinos por corrupción, impunidad e inseguridad entre otros males que opacan los logros que quiere mostrar como la implementación nacional de los juicios orales y la consolidación de reformas estructurales educativa, fiscal, política, laboral que sacaron al país de 15 años de inmovilidad.

Camino a su Cuarto Informe de Gobierno que se realizará el próximo 1 de septiembre, el mandatario mexicano lidia con sus niveles más bajos de popularidad, la compra sospechosa de una casa, denuncias de plagio en su tesis universitaria, posibles asesinatos extraoficiales por parte del ejército y la Policía Federal y el alza del crimen mientras a la par que comienzan a verse mejoras en las telecomunicaciones con el bloqueo a monopolios que mejoró tarifas o en la consolidación de  un Sistema Nacional Anticorrupción.

Los ejemplos positivos buscan en los últimos días reconocimiento a través de anuncios publicitarios bajo el slogan “Lo bueno también cuenta mucho” donde Peña habla de avances económicos  (la consolidación de dos nuevos tratados de libre comercio con Panamá y la Alianza del Pacífico); sociales (haber quitado al sindicato el control de la educación) o  económicos (se exporta más de lo que se importa en productos agrícolas).

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Pero la realidad dista mucho de triunfalismos. Analistas consultados consideran que son más los oscuros que los claros y ya es demasiado tarde para lograr más, aunque aún faltan dos años de prueba que podrían levantar o dar la estocada al PRI, el partido del presidente, para las elecciones de 2018.

LA NEGOCIACIÓN DE LA LEY

El 24 de noviembre de 2011, cuando Peña ya se asumía como candidato indiscutible del Partido Revoluci0nario Institucional (PRI) presentó su libro “México: la gran esperanza” en medio de un festín editorial al que acudió la crema y nata de la política nacional para enterarse del documento que sería la Biblia de su administración.

En éste fijó metas para lograr un “Estado Eficaz” para que el “éxito de los mexicanos sea producto de su esfuerzo, trabajo y talento”, para que “el derecho pase de ser sólo letra constitucional a práctica cotidiana”, pero una vez que tomó el poder hizo lo mismo que sus antecesores: nombrar a amigos en puestos clave y administrar la ley, según observa  Jorge Javier Romero, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Falló por mucho en uno de los objetivos medulares: el Estado de derecho”, detalla.”No resolvió el problema histórico de este país que es la negociación permanente de la ley: aquí vemos la negociación de la ley todos los días entre la gente de poder económico (empresarios), político (gobernadores corruptos) y sociales (como los sindicatos)”.

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Este vicio institucional -agrega-provoca que se malogren éxitos que podrían ser contundentes para un cambio positivo en la Nación como la Reforma Educativa con la que el gobierno intenta arrebatar a los maestros el control de las evaluaciones y la contratación de profesores a la par de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que impone su ley con violencia.

Otro ejemplo de las reformas de Peña que no han logrado su objetivo final porque no se aplican o se aplican “a modo” es la Hacendaria que prometió reducir extensiones y privilegios así como “redefinir las facultades tributarias”, es decir que los estados y municipios hicieran su parte para implementar impuestos locales.

“Sí hubo avances, hoy se recauda más dinero, pero no en la proporción que debería hacerse porque aumentó la carga fiscal para los mismos contribuyentes cautivos: la clase media trabajadora y no para los grandes contribuyentes, empresas y políticos o el comercio informal”, destaca Raúl Feliz, analista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

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Por otro lado, tampoco ha empujado a gobernadores y alcaldes a hacer su trabajo. “Hay leyes que los obligan a recaudar impuestos en sus barrios, la gente va a empezar a obligarlos a rendir cuentas y no quieren: es más fácil no hacer nada y esperar que los recursos les lleguen desde la recaudación federal, sin hacer nada”.

EL LASTRE DE LA INSEGURIDAD

Al final de la presidencia de Felipe Calderón ( 2006- 2012) cuando el número de asesinatos violentos sumaba más de 52,000 el tema del combate frontal al crimen organizado fue duramente criticado por quien sería posteriormente su sucesor y prometió que reduciría la violencia. Cuatro años después, ésta no mejoró: empeoró.

“Después de 2013 la violencia ha aumentado paulatinamente y en 2016 se perfila que alcanzará niveles históricos en homicidios dolosos“, advirtió Jonathan Furszyfer, investigador de la organización México Evalúa, experta en el tema de evaluación de políticas públicas.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó entre los meses de enero y mayo del presente año 7,473 averiguaciones previas por homicidio doloso; algunas de ellas en estados con incrementos de hasta el 420% en este delito. Sólo en mayo se reportaron 56 muertes por día a nivel nacional.

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“El presidente Peña siguió con la estrategia del sexenio anterior de combatir al crimen organizado con el descabezamiento de las organizaciones en lugar de abajo hacia arriba y sin tomar en cuenta que la captura de los líderes genera que otras organizaciones más pequeñas se disputen ese mismo territorio con más violencia“.

Furszyfer cree que el error más común para combatir la inseguridad en los últimos tiempos es pensar que la delincuencia organizada genera toda la violencia e ignorar que cada estado tiene también problemas muy particulares. “No se le pone la misma atención a la violencia intrafamiliar o a las riñas por conflictos entre grupos sociales en específico, por ejemplo”.

¿SIN MORAL PARA CASTIGAR LA CORRUPCIÓN?

Cada vez que el presidente mexicano habla de castigar y combatir la corrupción, Margarita Ávalos se ríe incrédula. “No tiene moral para hacerlo”, repite una y otra vez después de que una investigación periodística reveló que uno de los contratistas favoritos del presidente “vendió” en condiciones irregulares una propiedad millonaria a la esposa de éste, Angélica Rivera.

La clase política tiene fama de encubrirse entre sí actos de corrupción en un pacto sistemático histórico. El analista político Juan Azcárraga pone como ejemplo que mientras en Estados Unidos se han procesado y sentenciado a nueve gobernadores envueltos en escándalos de corrupción; en México, de los 41 casos, sólo se han investigado a 16 y sólo dos sentenciados.

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Durante el sexenio de Peña han sido acusados ante el ministerio público cuatro mandatarios estatales de su partido: Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo;  César Duarte, de Chihuahua, y Rodrigo Medina, de Nuevo León. Todos en proceso.

El gobierno mexicano  “no hace cumplir la ley para castigar en general los actos de corrupción”, destacó el informe anual del Departamento de Estado de EEUU “Country Reports on Human Rights Practices for 2015″.

“La corrupción va desde el nivel más básico en el que se pagan sobornos a funcionarios por servicio de rutina o a policías, hasta formas más sofisticadas de corrupción como favorecer a determinados funcionarios con contratos o con fiestas”.

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