La ciudad de Nueva York debe poder ayudar a sus residentes jubilados
Expertos que los familiares estén pendientes de ciertas señales que pueden servir para identificar abusos a personas mayores. Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión
Hace unos meses, el alcalde Bill de Blasio propuso una manera de hacer que más de un millón de neoyorquinos disfruten la edad de oro: un programa municipal de jubilación que permite que quienes no tienen un plan auspiciado por su empleador ahorren dinero en una cuenta segura.
Pero hay un problema: el gobierno federal no deja que la ciudad lo haga.
La Ley de Seguridad en la Jubilación (Employment Retirement Security Act o ERISA) del gobierno federal actualmente impide que los estados y las ciudades tomen medidas con respecto a pensiones del sector privado, una limitación considerable en un momento que la población envejece y más estadounidenses enfrentan la posibilidad de pobreza durante la jubilación.
En menos de 20 años, uno de cada cinco estadounidenses tendrá más de 65 años. La próxima generación vivirá más tiempo que todas las pasadas. Para quienes no tienen ahorros adecuados para la jubilación, esos años adicionales serán momentos de incertidumbre y dependencia en vez de tranquilidad.
Al mismo tiempo, varias décadas de congelamiento de salarios han dejado al trabajador estadounidense promedio con apenas la mitad de lo que los trabajadores ahorraban en la década de 1970.
La mitad de quienes están por jubilarse no tienen nada ahorrado para la jubilación y quienes sí tienen ahorros, cuentan con apenas suficiente para darles ingresos promedio de aproximadamente $400 mensuales.
Además, la mayoría de los empleadores han abandonado los planes específicos de beneficios de pensión que otrora garantizaban un mínimo de seguridad conforme a salarios y tiempo de servicio, y en vez están optando por planes que les pasan a los trabajadores la responsabilidad de ahorrar solos para la jubilación. Hoy en día, más de la mitad de los trabajadores estadounidenses no tienen ningún tipo de cobertura de pensión privada.
En respuesta, los estados han estado tomando medidas para evitar la crisis que se avecina. Más de una docena de estados, entre ellos California, Illinois y Connecticut, han promovido planes auspiciados por el estado a fin de alentar a los trabajadores a ahorrar para la jubilación.
El Departamento de Trabajo ha reaccionado a esta mayor actividad iniciando el proceso de permitir que los estados pongan de lado los requisitos de ERISA. Las reformas permitirían que los estados creen el modelo de jubilación segura que sea más adecuado para sus pobladores, a la vez que aprenden de los aciertos y errores de otros planes estatales.
Si bien la norma que propone el Departamento de Trabajo es un buen paso inicial, su versión actual no va suficientemente lejos. La norma se limita a los estados, pero ciudades como Nueva York también consideran planes similares. Se les debe dar la misma oportunidad de brindar una jubilación segura para sus residentes. La inclusión de las ciudades también permite programas mejor adaptados cuando los rasgos demográficos y los sectores industriales varían mucho de un estado a otro.
La actual falta de dirección crea incertidumbre tanto para trabajadores como encargados de dictar la política e impide que muchos estados y ciudades siquiera exploren la posibilidad de un plan. Sin embargo, los problemas que enfrentamos causan consternación y con el tiempo empeorarán. Para evitarles a las personas mayores una crisis de pobreza se requerirán soluciones creativas en todos los niveles del gobierno. El Departamento de Trabajo debe asegurar que las normas federales promuevan esa creatividad en vez de reprimirla.
–Andrew Friedman es codirector ejecutivo del Center for Popular Democracy
