La lucha tras DAPA

La Corte Suprema puso en peligro más de cinco millones de vidas el mes pasado al no emitir un fallo con respecto a un programa que podría haber ayudado a muchos inmigrantes a salir de la clandestinidad. El programa, llamado Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents o DAPA), evitaría que se deporte a inmigrantes indocumentados si sus hijos son residentes legales del país.

El presidente Obama anunció el Decreto Ejecutivo sobre DAPA en noviembre de 2014. La medida se produjo dos años después de un programa complementario, Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals o DACA), que permitió que quienes llegaron a Estados Unidos de niños legalmente soliciten vivir y trabajar en el país. Juntas, estas dos medidas significaron un avance hacia la solución de los graves problemas del sistema de inmigración de nuestro país, que victimiza y castiga a millones de personas que trabajan, pagan impuestos y contribuyen al futuro de nuestro país todos los días.

Las fuerzas antiinmigrantes no tardaron mucho en combatirlas. Al cabo de horas, algunos estados comenzaron a tomar medidas legales contra el programa. En total, 26 estados presentaron demandas para bloquear la implementación de DAPA. La Corte del Quinto Distrito exigió un mandato judicial para prevenir que se implementara DAPA en todo el país. La apelación pasó a los ocho miembros de la Corte Suprema, que en un empate de 4-4 dejaron vigente el fallo de la corte de menor instancia.

El gobierno del presidente Obama le ha pedido a la Corte Suprema que vuelva a oír el caso cuando cuente con nueve jueces. Esta medida del gobierno tiene sentido y la alentamos. Sin embargo, en pocas ocasiones la Corte cumple con dichas solicitudes, y si lo hace, lo más probable es que tome por lo menos un año que se llene el escaño y que se vuelva a oír el caso.

Ya que el programa federal está en limbo indefinido, defensores de la inmigración han hecho propuestas innovadoras para sortear el fallo en su contra. Peter Markowitz, profesor de la Facultad Benjamin Cardozo de Derecho, escribió una columna en el New York Times que propone que el presidente Obama use la facultad de indulto a su partida para otorgar amnistía a millones de inmigrantes afectados por el fallo.

Markowitz argumenta que tal medida también ayudaría a realzar el legado del presidente Obama. A pesar de los decretos ejecutivos, este ha deportado a 2.5 millones de inmigrantes, más que ningún otro presidente.

El Center for Popular Democracy ha apoyado el llamado a Obama para que imponga una moratoria en deportaciones, lo que promueven Not1More y muchos otros. Con el llamado de #noDAPA y #noDeportations, los activistas plantean que Obama debe comenzar a desmantelar las estructuras que produjeron un récord de deportaciones, a fin de mejorar su legado y crear un sistema más humano para el próximo presidente.

También es importante aprovechar campañas locales que han logrado ayudar a los inmigrantes. Incluso mientras nos lamentamos, grupos como Center for Popular Democracy y Make the Road New York están tomando medidas para asegurar que los inmigrantes se sientan seguros y apoyados. Continuamos diseminando información sobre el carnet de identidad municipal de Nueva York y, en el caso de quienes enfrentan la deportación, hay un programa de la ciudad que ofrece acceso a asesoría legal gratuita. CPD ayudó a facilitar ambos proyectos y también seguimos oponiéndonos a los centros de detención en Nueva York y otros estados que mantienen encarcelados a inmigrantes injustamente durante varios meses, sin que se cumpla el proceso debido.

El fallo también reforzará los esfuerzos que ya están en marcha para que familias inmigrantes se inscriban para votar, la única manera de elegir a candidatos que reconocen el valor de la inmigración en este país. Ya ha aumentado el número de inscripciones electorales este año en comunidades latinas, debido a la retórica extraordinariamente xenofóbica de Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia. Diversos grupos están ayudando a acelerar esta campaña en todo el país y a dar voz y voto a quienes se verían más afectados si un candidato antiinmigrante llegara a la Casa Blanca.

El fallo de la Corte Suprema es un paso hacia atrás, pero no es el fin del camino. Al trabajar juntos, nos aseguraremos de que se trate con dignidad y justicia a las familias inmigrantes que hacen que nuestro país sea un lugar mejor, y nos aseguraremos de que sus hijos reciban el legado de un futuro mejor.

-Adam Gold es director del programa de justicia para inmigrantes del Center for Popular Democracy