EEUU aumenta multas por contratación de trabajadores indocumentados
La regla final entrará en vigor el 1 de agosto próximo
Los empleadores están obligados a confirmar el estatus migratorio de los trabajadores. Crédito: David | Getty Images
WASHINGTON.- El Departamento de Justicia anunció este jueves una regla preliminar que castigará con un aumento de multas a empresas que, a sabiendas, continúen contratando a inmigrantes indocumentados o recurran a prácticas laborales discriminatorias.
La regla preliminar, publicada hoy en el diario oficial (“Federal Register”), estará sometida a un período de comentarios públicos durante 60 días, y puesta en vigor el próximo 1 de agosto.
Según el reglamento, el Departamento de Justicia aumentará de $375 a $539 la multa mínima por la contratación de trabajadores indocumentados, mientras que la multa máxima subirá de $3,200 a $4,313.
La agencia hizo esos cambios en respuesta a la reformulación de las sanciones civiles, ajustadas a la inflación y autorizadas dentro de una ley presupuestaria de 2015.
Las leyes de EEUU prohíben contratar a trabajadores indocumentados. Foto: Archivo/La Opinión
Las nuevas sanciones aplicarán para infracciones cometidas después del 2 de noviembre de 2015, cuando se adoptaron las enmiendas relacionadas con las multas en esa ley presupuestaria. La última vez que el Departamento de Justicia revisó los montos de las multas fue en 2008.
En la actualidad, las leyes federales prohíben la contratación de trabajadores “sin papeles” en EEUU, mientras el gobierno alienta además a los empleadores a que participen en el programa federal “E-Verify” para confirmar el estatus migratorio de sus empleados.
En concreto, bajo el “Acta de Inmigración y Nacionalidad”, las empresas que violan los requisitos de contrataciones laborales quedan expuestas a sanciones monetarias civiles, si a sabiendas contratan a indocumentados, si cometen fraude migratorio, si no toman medidas para verificar el estatus migratorio de los empleados, o si discriminan contra solicitantes de empleo por su nacionalidad o ciudadanía.
Según las autoridades, las empresas que no acaten las leyes y afronten cargos múltiples por la contratación de indocumentados corren el riesgo de tener que pagar una multa máxima de $21,563.
Desde siempre, los grupos pro-inmigrantes han destacado la urgencia de que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral que “saque de la sombra” a los inmigrantes indocumentados que, precisamente por su condición legal, son víctimas de abusos laborales de sus empleadores.
También la pequeña empresa ha respaldado una reforma argumentando que las grandes corporaciones que contratan a indocumentados llevan una injusta ventaja económica en el mercado laboral.
