Violan y torturan a mujeres en lucha anti-crimen en México
Según informe de Amnistía Internacional, que exige respuesta del gobierno, la práctica de maltratar a las mujeres durante arrestos e interrogatorios se ha vuelto rutina y nadie recibe castigo
Protesta de Amnistía Internacional en apoyo a la svíctimas de torturas frente a la Fiscalía General de México. Crédito: Manuel Velazquez | LatinContent/Getty Images
Las fuerzas de seguridad de México “de rutina” violan y torturan a mujeres durante interrogatorios para extraer confesiones y mostrar buenos resultados en la lucha anti-crimen, y los responsables gozan de una “casi absoluta impunidad”, según denunció este martes una investigación sin precedente de Amnistía Internacional (AI).
A lo largo de sus casi 50 páginas, el informe de AI pone nuevamente bajo los reflectores el comportamiento de las fuerzas de seguridad policial y militar en México, después de que en abril pasado un video filtrado a la prensa mostrara a agentes policiales sofocando a una mujer con una bolsa de plástico durante un interrogatorio.
La difusión del video causó un gran revuelo en México, y el Ministerio de Defensa se vio obligado a emitir una disculpa pública.
Pero el informe de AI deja en claro que una disculpa es insuficiente si, a juzgar por los testimonios de un centenar de mujeres en prisiones federales, la crisis de derechos humanos sigue sin resolución y el abuso y tortura más bien se han vuelto una herramienta “de rutina”.
El informó se apoyó en entrevistas con un centenar de mujeres en cárceles federales a lo largo de once días y como parte de una investigación de más de un año, aunque AI se quejó de las numerosas trabas que tuvo para tener acceso a ellas.
“Los testimonios de estas mujeres pintan una fotografía totalmente escandalosa sobre el nivel de tortura contra las mujeres en México, aún bajo las normas locales. La violencia sexual como tortura parece haberse convertido en una parte rutinaria de los interrogatorios”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional.
Así, el informe de AI deja constancia de cómo la mayoría de las mujeres detenidas por las autoridades sufrió “fuertes golpizas en el estómago, la cabeza y las orejas”, estuvieron al borde de la asfixia, recibieron descargas eléctricas en los genitales, fueron sometidas a violaciones sexuales “con objetos, dedos, pistolas y penes”.
Si no colaboraban, también eran amenazadas con violación sexual contra sus familiares, según el documento de AI, uno de los grupos defensores de los derechos humanos en el mundo.
Todas las 100 mujeres dijeron haber sufrido violencia, acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto por parte de agentes municipales, estatales, o federales, o de miembros del Ejército y la Armada, además de insultos y amenazas.
El 72% reportó abuso sexual durante o poco después de su arresto, mientras que 33 mujeres dijeron ser víctimas de violación.
Una madre de cuatro hijos, identificada como “Mónica”, fue violada por seis oficiales de la policía y torturada con choques eléctricos en sus genitales, casi asfixiada con una bolsa de plástico y su rostro sumergido en un balde de agua en Torreón (Coahuila) en febrero de 2013.
La mujer le dijo a AI que fue obligada a firmar una “confesión” de que era miembro de una pandilla criminal. Ninguno de sus violadores ha sido acusado y ella permanece en prisión a la espera de un juicio por su presunta implicación en el crimen organizado, dijo AI.
Impunidad preocupante
De las 66 que denunciaron el abuso a un juez u a otras autoridades, sólo se abrió una investigación en 22 casos, y los expertos de AI desconocen si se han presentado cargos criminales contra los responsables.
De hecho, el informe destacó que la respuesta de las autoridades a estas violaciones de los derechos humanos ha sido “extremedamente decepcionante”, y los responsables de estos delitos gozan de “casi una absoluta impunidad, pese a los diversos mecanismos e instituciones” disponibles para castigar estos abusos.
De los “miles de informes de tortura desde 1991, sólo 15 han producido condenas criminales” en los tribunales federales en México, dijo AI.
Pese al alto número de quejas obtenidas, el Ejército le informó a Amnistía Internacional que “ni un soldado había sido suspendido” por abuso o violación sexual entre 2010 y 2015.
En la Armada, sólo cuatro marinos fueron suspendidos en ese mismo período, y uno que fue condenado por abuso sexual fue suspendido solo de forma temporal, lo que le permitiría reingresar a las filas cuando cumpla su sentencia carcelaria.
La problemática lucha anti-crimen
Según Guevara Rosas, las mujeres de barrios marginados son las más vulnerables de la lucha anti-drogas en México, porque resultan ser un blanco más fácil de autoridades “con frecuencia más ansiosas de encarcelar a alguien que de encontrar a los verdaderos criminales”.
En el marco de la estrategia de seguridad y la lucha anti-drogas, las mujeres con frecuencia son detenidas y acusadas de ser “novias” de algún criminal y de ser “accesorio” o cómplices de actos criminales, aún si no hay pruebas sólidas para sustentar la acusación.
“Se les ve como un blanco fácil para aumentar las cifras (de arrestos) y mostrar a la sociedad que los esfuerzos de seguridad del gobierno está dando resultados”, denunció AI.
¿Quiénes son estas mujeres?
En general, las víctimas suelen ser jóvenes y de hogares pobres, y la discriminación que sufren por su género, edad, y situación económica aumenta su riesgo de ser arrestadas de forma arbitraria y posteriormente abusadas o torturadas, dijo AI.
Muchas de las mujeres arrestadas y encarceladas también son madres solteras que sufren discriminación porque no cumplen, según AI, con las expectativas que impone la sociedad, como por ejemplo tener una pareja.
Otro grupo vulnerable y en riesgo de tortura durante un arresto lo conforman las “trabajadoras sexuales” que en muchos casos viven en la pobreza y son madres solteras, agregó.
El informe reafirma la percepción de una situación “fuera de control” en México: según AI, en 2013 hubo un total de 1,505 quejas de abuso y tortura, o un incremento del 600% sobre 2003, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ese país.
Pero en 2013, numerosas entidades de derechos humanos recibieron más de 12,000 casos de tortura en todo México, de los cuales 8,943 eran hombres y 3,618 eran mujeres.
La CNDH registró 7,048 informes de tortura y otros abusos entre 2010 y 2015 y ha emitido 62 recomendaciones, pero tampoco está libre de culpa porque con frecuencia no ofrece a las víctimas los resultados de sus investigaciones.
El informe titulado “Sobreviviendo a la muerte: la tortura policial y militar de mujeres en México” incluye numerosas recomendaciones para que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, las auoridades fiscales, y el propio Congreso federal tomen medidas correctivas, ayuden a las víctimas, y combatan el abuso y la impunidad en ese país.
