Juez hispano en la mira de Donald Trump por demanda contra extinta Universidad

Trump ataca a un juez que preside uno de los casos contra Trump University y lo acusa de ser parcial porque es mexicoamericano

Un error lo comente cualquiera... pero puede que Donald Trump lleve demasiados.

Donald Trump. Crédito: Isaac Brekken | (Getty Images)

WASHINGTON.- El juez federal hispano, Gonzalo P. Curiel, se ha convertido en el blanco más reciente de los ataques del virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, porque éste preside una de tres demandas por fraude contra la ahora extinta Trump University.

Curiel, del distrito sur de San Diego (California), ha pedido que ciertos documentos internos en el caso sean ventilados en público y ha programado un juicio para el próximo 28 de noviembre, después de los comicios generales, pero la campaña de Trump sugiere que el caso tiene motivaciones políticas y que la demanda debe ser desechada.

Las demandas colectivas alegan que la escuela engañó a los estudiantes, algunos de los cuales pagaron hasta $35,000 por seminarios y servicios de mentoría profesional de poca utilidad.

El viernes pasado, Trump aprovechó parte de su discurso electoral para arremeter contra Curiel, a quien acusó de ser “alguien que odia a Trump”.

Curiel “es un juez muy hostil” y “debería sentir vergüenza”, afirmó Trump, al asegurar que no ha recibido un “trato justo” en su corte.

Al día siguiente, Trump aseguró que Curiel es “mexicano” -no lo es-  y dejó entrever que presentará una moción para que el juez  sea retirado del caso.

Luego, en el programa dominical de “Meet The Press”, Trump sugirió que duda de la independencia jurídica de Curiel porque “ha sido muy, muy injusto con nosotros”.

“Creo que el juez ha sido extremadamente injusto. Este es un caso que, según muchas personas, debido ser desechado en un juicio sumario”, subrayó Trump.

El magnate empresarial insistió además en que el 98% de los estudiantes estaba satisfecho con el plan de estudios y que la universidad había recibido buenas calificaciones del “Better Business Bureau”.

Corte declina hacer comentario

Curiel nació en el estado de Indiana, fue nombrado al cargo federal  por el presidente Barack Obama, y es miembro del capítulo de San Diego de la Asociación de Abogados La Raza, un grupo sin fines de lucro en California que representa a abogados chicanos y latinos.

Desde que Curiel tomó el caso, Trump ha insistido en que el juez tiene prejuicios porque es de origen hispano, y su campaña recientemente intentó vincularlo a él y al grupo de abogados con recientes manifestaciones violentas  en California.

Consultada hoy por este diario, la oficina de Curiel dijo que no haría ningún comentario sobre los ataques de Trump “porque no hacemos comentarios sobre casos que están en litigio”.

Ayer lunes, una portavoz de la campaña de Trump, Katrina Pierson, repitió las acusaciones de presunta parcialidad del juez Curiel y que su afiliación con la asociación de abogados afectaría su manejo del caso.

“Esta es una organización que ha estado organizando a manifestantes contra Trump, con banderas mexicanas… las señales han sido muy aparentes, y el señor Trump simplemente está señalando lo obvio”, matizó Pierson.

Presionada en el programa “New Day” sobre por qué destaca erróneamente que Curiel es mexicano, Pierson volvió a insistir en el presunto vínculo del juez con los manifestantes anti-Trump.

“Es por lo que vemos afuera de estos mítines… estos manifestantes criminales están destruyendo propiedades y atacando a policías. Lo hacen ocultándose detrás de una manifestación anti-Trump, con sus banderas mexicanas, y La Raza (el grupo de abogados) y este juez están conectados con eso”, argumentó Pierson.

La asociación de abogados aún no ha contestado a una solicitud de comentario.

Una universidad solo en nombre

Trump fundó la “Universidad” en 2004 con dos de sus socios, Michael Sexton y Jonathan Spitalny, pero ésta no tenía acreditación del gobierno ni otorgaba créditos universitarios.

En realidad era una compañía privada que operó entre 2005 y 2010, ofreciendo programas de capacitación en el área de bienes raíces y creación de riqueza.

El precio de los cursos oscilaba entre $1,500 y $35,000, y según el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, Trump percibió unos $5 millones de esa fallida empresa.

Pero pronto la Universidad quedó en la mira de la fiscalía en Nueva York por dudosas prácticas comerciales que provocaron una de las demandas entabladas en 2013.

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