EEUU pide suspender orden de juez sobre datos confidenciales de “Dreamers”
El Departamento de Justicia calcula además que el costo de obligar a los abogados a tomar cursos de ética podría alcanzar $1,5 millón tan sólo este año, y cerca de $8 millones en los próximos cinco años
Juez federal Andrew Hanen, de Brownsville. Crédito: Cortesía
Abogados del Departamento de Justicia pidieron este martes suspender la reciente orden del juez federal, Andrew Hanen, de entregar los datos personales de decenas de miles de “Dreamers” que recibieron permisos en 2015 y de obligar a los abogados a tomar cursos de ética.
En una serie de tres documentos, el Departamento de Justicia explicó las razones por las que se debe bloquear la orden de Hanen del jueves pasado, mientras la agencia prepara una apelación ante el Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans (Louisiana).
“El gobierno sufrirá un daño irreparable si no se suspende la orden del 19 de mayo mientras se lleva a cabo una revisión en el Quinto Circuito… (la orden) instruye en las principales funciones ejecutivas e impone una fuerte carga y costos a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, que no se pueden recuperar”, dijeron los abogados.
No hay “prueba contundente”
El Departamento de Justicia rechazó “enfáticamente” el argumento del juez en Brownsville (Texas) de que la agencia mintió deliberadamente sobre la puesta en marcha de los alivios migratorios y la entrega de permisos de trabajo de tres años a unos 100,000 “Dreamers” amparados bajo el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012.
La idea de que el Departamento de Justicia actuó de mala fe carece de una “prueba contundente”, además de que las sanciones de Hanen imponen una carga y obstaculizan la autoridad del fiscal general en su manejo de litigios, indicó uno de los documentos.
El trabajo que implica preparar una lista de detallada de los “Dreamers” que recibieron los permisos en 2015 costaría más de un millón de dólares, por la cantidad de personal y de horas que eso tomaría.
Costo de cursos de ética
Por otra parte, el Departamento de Justicia también pidió que se revierta la orden de que sus abogados tomen cursos de ética legal de al menos tres horas, una vez al año durante los próximos cinco, por entender que eso excede la autoridad de la corte de Hanen.
Esta orden le costaría a los contribuyentes, tanto en gastos directos como en pérdida de productividad, entre un millón de dólares y $1,5 millón tan solo en 2016, mientras que el costo en los próximos cinco años sería de cerca de $8 millones, indicó la agencia.
La eventual apelación del Departamento de Justicia cabe entre los escenarios posibles para no acatar la orden de Hanen, aunque también puede llevar el caso ante el Tribunal Supremo, que el mes próximo emitirá un fallo sobre la extensión del DACA, conocido como DACA+, y uno similar para adultos con hijos ciudadanos y residentes legales, conocido como DAPA.
Hanen ha dado plazo a la Administración Obama hasta el próximo 10 de junio para que entregue una detallada lista, con datos personales, de los aproximadamente 50,000 indocumentados -solo los que residen en Texas y los demás 25 estados demandantes, de un total de 100,000 beneficiarios- que recibieron permisos de trabajo de tres años entre diciembre de 2014, cuando surgió la demanda, y el 16 de febrero de 2015, cuando el juez frenó los alivios migratorios.
Bajo el “DACA” de 2012, los permisos eran de dos años pero, bajo una directriz de noviembre de 2014, estos “Dreamers” recibieron o renovaron sus nuevos permisos por un período de tres años.
Hanen ha fijado una audiencia para estudiar la moción el próximo 7 de junio, aunque es poco probable que él vaya a suspender su propia orden.
Los activistas han expresado temores sobre el uso y paradero de los datos personales de los “Dreamers” ante la promesa del virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, de eliminar los alivios migratorios y deportar a la población indocumentada.
La demanda de los 26 estados no incluye el DACA de 2012 sino el “DACA+” y el DAPA.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), elogió que la agencia haya actuado con rapidez para proteger la vida privada de los “Dreamers” porque, a su juicio, Hanen se ha excedido en sus poderes judiciales.
“Nos agrada ver que el gobierno federal se opone al esfuerzo más reciente de este juez por intimidar a jóvenes inmigrantes que sólo quieren vivir sin miedo de ser separados de sus familias y contribuir más plenamente a sus comunidades”, dijo Hincapié, quien reiteró que la demanda tiene “motivaciones políticas”.
