Los padres buscan a sus propios hijos en las fosas comunes de Morelos

TETELCINGO, México.- Cuando el aire corre por el panteón Las Cruces, sobre los cuerpos inertes de una fosa común, un tufo agridulce se esparce por las carpas donde familiares de desaparecidos esperan por posibles buenas noticias después de buscar sin éxito al hijo, al hermano, al padre, por todo el país o, como ahora, en este municipio y el vecino Jojutla, en el estado de Morelos.

“Ya me duele la cabeza”, dice Guillermina Sotelo al aspirar el viento desde detrás de una reja que divide a las familias de los peritos de la Procuraduría General de la República y la fiscalía estatal; de observadores de derechos humanos, médicos y científicos universitarios que intentan sacar uno a uno los cadáveres putrefactos.

La fiscalía los enterró aquí y en Jojutla sigilosamente el 28 de marzo de 2014: 116 cuerpos en dos fosas sin tomar muestras para posterior identificación y sin protocolos de actuación, simplemente cuando ya no cabían en la morgue desbordada por la muerte que deriva de la penetración de las bandas criminales: Los Rojos, Guerreros Unidos y Los Laredo.

Y ahí seguirían de no ser porque la madre de Oliver Navarrete, un joven secuestrado y asesinado en 2013, pudo documentar que además del cuerpo de su hijo enviado a esa fosa común por accidente, había otros, ¿de quiénes? Nadie sabe: al menos hay 32,000 desparecidos en México; 100 en Morelos reconocidos oficialmente.

Sólo unos cinco familiares -activistas de oriundos de la localidad- pueden ver de cerca el violento proceso de la inhumación que empezó el pasado lunes; el resto, espera con el aliento contenido.

Guillermina Sotelo viajó desde Carolina del Sur en busca de su hijo César Ivan González, desaparecido un 19 de agosto, en un lugar impreciso entre Cuautla y Huitzuco de donde es oriunda la familia y donde le gustaba vivir al muchacho. “Siempre le pedía que se regresara a Estados Unidos porque allá tenemos residencia, pero él no quería: iba y venía y la última vez se quedó dos años”.

A lado de esta madre, otra mujer con el rostro contraído intenta contener las lágrimas sentada en una mesa mientras hace letras de trazos descuidados. Es Patricia Manzanares, quien busca a su hijo Juan Hernández, de 23 años, desaparecido en 2011 en hotel de Nuevo León (norte) donde pernoctaba como miembro de las fuerzas del orden.

“Yo creo que a mi hijo la Policía Federal lo entregó a los criminales a cambio de algo porque cómo va a desarparecer así como así: sólo él y otro compañero más y luego lo acusaron de abandono de trabajo, no me avisaron que estaba desaparecido y cuando por fin lo hicieron querían darme una pensión a cambio de que firmara un documento de que aceptaba una presunción de muerte”.

Manzanares se niega a aceptar que su crío falleció y por eso está aquí en espera de que saquen los cuerpos, les tomen muestras, cotejen su ADN, y mientras tanto, escribe en una pancarta un mensaje irreal, pero que le da fortaleza: “Ya estás en mis brazos, sólo me hace falta tu entierro”.

El aire vuelve a calentarse y a lanzar bocanadas fétidas, señal de que extraen otro cuerpo, el tercero de cuatro que sacarán este día: el fiscal de Morelos, Javier Pérez, calcula mientras tanto en una conferencia de prensa, que sacar a todos tardará alrededor de una semana. Algunos escépticos creen que más: ya es martes, segundo día de trabajo y sólo suman dos pares entre los mas de 50 que están aquí.

El activista y fundador del Movimiento por La Paz y la Dignidad, Javier Sicilia, ha estado mirando desde debajo de un árbol la excavación y manipulación de cadáveres para acompañar a los dolidos, amén de la afrenta que tiene con el gobierno local al que considera cínico e irresponsable.

“El mismo día que anunciaba la creación de la Ley para la Atención de las víctimas, en memoria del asesinato de mi hijo -asesinado por una banda criminal que lo llevó a encabezar una caravana por todo el país en contra de la corrupción- enterraba los cuerpos en fosas irregulares, ocultas, para olvidarse de los muertos, sin investigación, el la impunidad total”, dice a este diario.

“Esto sólo ocurre en una sociedad que debe tener una revolución total en sus estructuras , comenzando con el sistema de impartición de justicia”.

Metros detrás de Sicilia, Manuel Rodríguez Juárez, también observa a detalle los movimientos de los peritos vestidos de blanco y cubre bocas azules.

Como padre de una joven desaparecida en 2004, Mónica Alejandrina Rodríguez, bien sabe del daño que ha hecho la corrupción de la vida pública y la impunidad en el país, las mismas causas que lo hacen tener esperanzas en Morelos, 16 años después.

“Tuve que contratar a un investigador privado para que me ayudara a conseguir los números de teléfono a los que habló mi hija y así descubrir que era un policía ministerial y su hijo los que la habían secuestrado con ayuda de un amigo de ella”, cuenta.

“Ese policía había trabajado antes aquí en Morelos y por eso creo que si la mató pudo haberla traído aquí”.

De acuerdo con el Atlas de la Violencia en el estado , elaborado por la Universidad Autónoma de Morelos, la impunidad de los delitos en la entidad es del 70%, una cifra que permite que los delitos se repitan una y otra vez para dejar tras de sí una estela de dolor que permanecerá por generaciones.

Ahí está entre la polvareda del cementerio de Tetelcingo, Liborio Villanueva, padre de Isacc Yahir, para dar fe del daño que causaron a su familia. Isacc desapareció en 2011 después de hacer unas compras en el minisúper de Cuautla, el municipio donde hoy extraen cuerpos . Tenía dos hijos pequeños que quedaron con un futuro sin padre.