Niños indocumentados quedan excluidos de ciertas escuelas en 14 estados, advierten activistas

WASHINGTON.- En lo que podría ser una violación de la ley federal y de un fallo del Tribunal Supremo de 1982, centenares de niños centroamericanos no acompañados afrontan trabas para inscribirse en escuelas en 14 estados, y grupos cívicos en todo EEUU sopesan posibles medidas correctivas.

Según una investigación de la agencia de noticias AP,  niños centroamericanos no acompañados en al menos 35 distritos en 14 estados, incluyendo California, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte y Florida, no han podido inscribirse en escuelas públicas, o han sido desviados a programas alternativos inadecuados.

Eso viola no sólo los estatutos federales sino también un fallo del Tribunal Supremo de 1982 que reafirmó el derecho de todo niño de recibir educación pública, sin importar su estatus migratorio.

“Las escuelas deberían actuar mejor, y si están negando inscripción a los niños por su estatus migratorio, eso parece una violación de la ley federal. El gobierno federal, o su miembro del Congreso, deben intervenir, pero no deberíamos llegar a este punto, y yo pienso averiguar esto a fondo”, dijo a este diario el congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez

Por su parte, Tom Sáenz, presidente de MALDEF, urgió hoy a la Administración Obama a que acelere medidas para “asegurar que todos los niños tengan acceso a la educación”.

“Esto muestra un preocupante patrón de negar la educación a los niños, porque viola los derechos claramente establecidos por la ley federal. A todos nos debe preocupar que a los niños se les impida recibir una educación… MALDEF está investigando esta situación”, dijo a este diario Sáenz.

En Carolina del Norte, el grupo United We Stand dijo a este diario que ha registrado casos de jóvenes indocumentados que han afrontado problemas por su estatus migratorio, y muchos han perdido tiempo de estudio por estar en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

“La ley claramente dice que todos tienen ese derecho, pero no siempre se cumple. Acá en mi zona, tuve el caso de una joven que perdió ocho meses de estudios por estar detenida por ICE en Georgia. Las autoridades de la escuela secundaria Bessemer no la querían aceptar, pero luchamos y ella podrá terminar sus estudios”, explicó Byron Martínez, presidente de “United We Stand”.

“Lo que estamos viendo es el que el propio miedo a la deportación hace que muchos jóvenes no vayan a la escuela… hay muchas aulas semi vacías”, agregó.

Posibles demandas a la vista

Otros grupos cívicos consultados hoy por este diario indicaron que aunque en el pasado hubo casos similares aislados que ocurrieron “por error”,  les preocupa que ahora surja un nuevo patrón, especialmente tras la crisis de los niños centroamericanos en la frontera sur en 2014.

“Nos preocupan estos informes, tomando en cuenta que hemos trabajado con otros grupos y con el Departamento de Educación para que estos niños que huyen de la violencia tengan un acceso pleno a la educación… estamos en una fase de investigación, explorando todas nuestras opciones”, dijo Nicholas Espiritu, abogado del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC).

“También hemos organizado reuniones en el Congreso sobre los problemas que afrontan los niños centroamericanos, y conforme salga más información, es posible que también adoptemos esta estrategia”, aseguró.

Por su parte, Alexander Shalom, abogado principal de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) en Nueva Jersey, señaló que en la década pasada su grupo ya había tenido que amenazar con demandas a varios distritos escolares en ese estado porque habían impuesto todo tipo de trabas cuando los padres querían inscribir a sus hijos, incluyendo la exigencia de número de Seguro Social y licencias de conducir.

“Cuando los cuestionábamos o amenazábamos con demandas, estos distritos escolares siempre respondían que había sido un error, que corrigirían el problema, y lo hacían”, dijo.

“Vamos a seguir vigilando de cerca a los distritos escolares para cerciorarnos de que están cumpliendo con la ley federal. Si vemos que los distritos nuevamente están imponiendo barreras injustas e innecesarias para la matricula de niños inmigrantes, haremos lo que siempre hemos en el pasado: demandarlos”, afirmó Shalom.

En el 2014, la ACLU de Nueva Jersey entabló una demanda contra el distrito escolar Butler, que de inmediato se comprometió a corregir sus problemas.

Pero ese año ACLU descubrió que no eran casos aislados sino que 125 distritos escolares también imponían requisitos para la matrícula escolar. Una demanda contra siete distritos escolares forzó a las autoridades a tomar medidas correctivas.

Lo que dice la ley

Se calcula que hay más de 840,000 estudiantes inmigrantes en EEUU, y más de 4,6 millones de estudiantes en programas de aprendizaje del inglés.

La ley federal garantiza un acceso equitativo a la educación pública desde prekinder hasta la secundaria, sin importar el estatus migratorio u origen nacional de los estudiantes o de sus padres.

Ese derecho abarca también a los niños centroamericanos no acompañados, o a los que están en algún proceso migratorio mientras viven con sus padres u otros familiares.

Un dictamen del Tribunal Supremo de 1982, en el caso “Plyer v. Doe” –logrado por el activismo de MALDEF ese año-, reafirmó el derecho de todo niño a los servicios de educación.

El Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) está a cargo del cuidado de los niños no acompañados que hayan sido detenidos al cruzar la frontera sur. Cuando están en los albergues del HHS, los niños no están inscritos en las escuelas públicas pero sí reciben servicios educativos de los proveedores a cargo de los albergues, según las autoridades.

Si los niños viven con un patrocinador, esos niños tienen derecho a la educación pública.

Vigilancia del gobierno federal

En declaraciones a este diario, el Departamento de Educación  reafirmó su responsabilidad de “proteger los derechos civiles de todos los estudiantes, incluyendo los inmigrantes, los indocumentados y los inmigrantes no acompañados”.

“Permanecemos comprometidos con nuestro trabajo con aliados del gobierno federal y organizaciones comunitarias para responder a cualquier asunto que afronten los niños no acompañados, sus patrocinadores, y familias, dentro del sistema escolar”, dijo Dorie Nolt, portavoz del Departamento de Educación.

Según Nolt,  la agencia ha trabajado “estrechamente” con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, bajo el HHS, para asegurar que los niños no acompañados tengan acceso a una educación de alta calidad al igual que el resto de sus compañeros.

La agencia federal también ha emitido guías para instruir a los distritos escolares sobre los recursos disponibles, los derechos y protecciones civiles de todos los estudiantes.