Las leyes anti-inmigrantes firmadas por Bill Clinton, 20 años después

Dos leyes aprobadas por los republicanos del Congreso en 1996 y firmadas por el esposo de la actual precandidata demócrata, dejan una estela de deportaciones, separaciones familiares y dramas para los inmigrantes.

Durante años el movimiento proinmigrante ha protestado las detenciones obligatorias, las deportaciones y separaciones de familias.

Durante años el movimiento proinmigrante ha protestado las detenciones obligatorias, las deportaciones y separaciones de familias. Crédito: Shawn Thew | EFE

Esta semana hace precisamente 20 años, el Congreso –de mayoría republicana- y el presidente demócrata Bill Clinton, aprobaron la primera de dos medidas que cambiaron radicalmente las leyes de deportación y dificultaron la legalización de muchos inmigrantes.

La primera ley, conocida por sus siglas: AEDPA y otra aprobada meses después, IIRAIRA, fueron el resultado de la ola anti inmigrante que comenzó en California en 1994 con la Proposición 187 y de la reacción al ataque terrorista  de 1995 contra el edificio federal de Oklahoma City por Timothy McVeigh, un estadounidense.

Aún así, muchas de las cláusulas de la ley AEDPA tuvieron que ver con los inmigrantes, por ejemplo, el inicio de una tendencia a realizar deportaciones “rápidas” sin derecho a revisión judicial y la expansión de razones legales para deportar a un indocumentado e incluso a un residente legal.

Este 24 de abril fue el 20 aniversario de AEDPA. Ese mismo año de 1996 también se aprobó una restrictiva ley de inmigración llamada IRAIRA, cuyos efectos todavía se hacen sentir: la eliminación de la 245 i, las prohibiciones de entrada por 10 años o para toda la vida por estadía ilegal aunque fuese temporal, la ampliación de los delitos que excluyen a un inmigrante para siempre de este país, aunque este hubiera sido cometido décadas antes y muchas otras cláusulas más que han impedido a millones de personas legalizar su estadía en este país y han separado a millones de familias .

Según el abogado especialista en inmigración Carl Shusterman, las leyes de 1996 y las medidas tomadas desde entonces se han convertido en una pesadilla para millones de familias inmigrantes honestas y trabajadoras.

“Son consecuencias horribles para personas buenas, se destruyen familias, se les trata como ganado”, dice Shusterman, quien antes de pasar a la práctica privada en Los Ángeles fue fiscal de la antigua agencia de inmigración conocida como INS (predecesora de ICE). “Personalmente no tengo ninguna simpatía por alguien que viene a este país y comete un delito, un robo, violencia doméstica, lo que sea. Pero cuando veo a familias inocentes pasando por esto, no puedo soportarlo”.

Clinton promete arreglar lo que hizo su esposo

Hoy, mientras los precandidatos presidenciales republicanos hablan de endurecer más aún las leyes contra los inmigrantes, los demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders han presentado una plataforma que va en la dirección contraria: resolver algunos de los problemas creados por leyes del pasado.

Clinton en particular se ha enfrentado más de una vez a preguntas del público sobre dramas personales creados por cláusulas de ley que su propio esposo firmó en 1996 –que también era el año en el que Bill Clinton estaba buscando ser reelegido.  En otras palabras, fueron leyes aprobadas bajo la presión política de una elección.

Durante un foro televisado el pasado Febrero desde Las Vegas con los precandidatos demócratas a la presidencia, una mujer cubano americana de nombre  Aurora Aguilar se levantó y preguntó qué harían los candidatos para cambiar las leyes que la han separado a ella y sus dos hijas de su esposo desde hace seis años.

Aguilar es ciudadana estadounidense y su esposo es mexicano. Cuando ella intentó patrocinar su residencia hace 6 años y el salió a entrevistarse en el consulado estadounidense en Ciudad Juárez, no lo dejaron entrar de nuevo al país aplicándole la llamada “prohibición de 10 años” (10 year bar)

Sanders, a quien fue dirigida la pregunta y Clinton, quien comentó después sobre el caso de la mujer, han prometido eliminar las cláusulas y empujar una reforma migratoria en el Congreso –con las dificultades que eso conlleva si es un Congreso republicano.

Clinton particularmente se comprometió a presentar presentar un proyecto separado para “eliminar las prohibiciones de 3 y 10 años” que separan a muchos inmigrantes de sus familiares estadounidenses.

“La reforma migratoria estará entre las primeras prioridades legislativas de mi gobierno”, dijo Clinton ante la presión del periodista José Díaz Balart, de Telemundo.

Esta semana, la organización  Human Rights Watch conmemoró el 20 aniversario de la ley AEDPA publicando un comunicado en el cual condenaron “20 años de abusos contra los inmigrantes”, enfatizando particularmente el aumento en la detención de inmigrantes, consecuencia de las mismas dos leyes.

“Estas leyes han ayudado a perpetuar un sistema innecesario de detención migratoria al incluir detención obligatoria y a veces extensa de personas en proceso de deportaciones, migrantes y residentes legales que cometieron un delito pero ya pagaron su deuda con la sociedad y quienes solicitan asilo o protección humanitaria”, reza el escrito de HRW.

HRW ha documentado durante años el efecto de esas dos leyes de la era Clinton (Bill) y ha realizado numerosos reportes descifrando el profundo daño que estas hicieron a la comunidad inmigrante.  Todos estos reportes pueden encontrarse aquí

Veinte años de dos leyes nefastas

La persecución criminal de inmigrantes indocumentados, en particular aquellos que regresan al país después de una deportación aunque jamás hayan cometido delito alguno fuera de su estatus legal, es un efecto común de una ley que en 1996 fue aprobada por el Congreso federal en forma completamente bipartidista y con nutridos votos de ambos partidos. Bill Clinton, entonces presidente, la promulgó sin problemas.

Esa ley incluye esta y otras medidas y programas que han sido el motor del tremendo aumento en deportaciones y separación de familias que algunos le achacan al presidente Obama y otros a los republicanos.

El impacto de esa ley ha sido tan dañino para la comunidad inmigrante que hasta la ex líder demócrata Nancy Pelosi, quien votó por ella, dijo en 2014 en Los Ángeles estar ahora en desacuerdo con la deportación de personas por “felonías que tienen que ver con su presencia sin papeles en el país.

“Si es un malhechor no tengo problemas en que se le deporte, pero no me parece justo que se le expulse por un delito generado por su estatus migratorio”, señalo Pelosi.

La realidad es que el sistema político estadounidense en general es responsable, aunque el gobierno de Obama ha sido especialmente efectivo en perseguir a los inmigrantes con este tipo de cargos criminales.

“Esta maquinaria de deportaciones que han creado tiene tres componentes: la ley de 1996, los recursos inmensos que se han invertido y la tecnología que se está usando con cada vez más efectividad”, dijo Muzzafar Chishti, investigador del Instituto de Política Migratoria (MPI).

Por ejemplo, los casos de “regreso ilegal” han aumentado en 76% durante este gobierno, el cual también ha superado la cifra de 2.5 millones de deportados, medio millón más que la cantidad que George W. Bush deportó en ocho años completos y más personas de las que Estados Unidos formalmente expulsó en toda su historia, entre 1892 y 1996.

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