Presidente de CIDH: Usar las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad aumenta la violencia en México
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, comenta la situación de inseguridad y abusos de los derechos humanos en México
CIDH con familiares de desaparecidos unidos en Los Otros Desaparecidos de Iguala, tomando testimonio. Crédito: Daniel Cima | CIDH
WASHINGTON.- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relator para México, James Cavallaro, advirtió este miércoles que el continuo uso de las Fuerzas Armadas para tareas policiales ha incrementado la violencia y los abusos de los derechos humanos en ese país.
La CIDH detalló en un mordaz informe de 241 páginas las deficiencias del gobierno mexicano para corregir el clima de inseguridad, y castigar a responsables implicados en abusos de los derechos humanos.
En entrevista con este diario, Cavallaro describió las deficiencias para investigar abusos y hasta qué grado la gente tiene miedo de hacer denuncias por temor a represalias.
Este es un problema que arrastra México durante muchos años ¿Qué novedades ofrece el informe?
Hacemos un diagnóstico detallado de la situación, enfocándonos en los problemas más graves, incluyendo la tortura y las desapariciones forzadas. El mensaje principal es que la crisis de los derechos humanos es grave, y también emitimos recomendaciones para que el gobierno pueda responder a esa crisis.
¿Se está cerrando México al escrutinio internacional en materia de derechos humanos?
Creo que las autoridades mexicanas, la cancillería, son las que pueden responder mejor. Felizmente, el gobierno de México nos facilitó la visita para realizar este informe… pero quiero señalar la fuerte reacción de la cancillería al informe sobre la tortura que divulgó en 2014 el relator especial de la ONU, Juan Méndez.
También está la cancelación que hizo México de la visita que había pactado el relator especial (de los derechos humanos de la ONU), Michel Forst, para ver la situación del caso de Ayotzinapa. Pero esa pregunta corresponde mejor al gobierno.
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El informe vuelve a pedir que el grupo de expertos GIEI que investiga el caso de Ayotzinapa tenga acceso a testigos clave de las fuerzas de seguridad ¿Cree que lo van a tener?
Lo que entiendo es que todavía no han podido entrevistar a los integrantes del Batallón 27 y tampoco han podido entrar. Lo que el Estado había ofrecido era una respuesta hecha mediante los abogados de la SEDENA (Secretaría de Defensa Nacional), y no es para nada lo que había solicitado el grupo, y eso es una preocupación.
Si el propio presidente Enrique Peña Nieto se ha reunido ya dos veces con los familiares de las víctimas y con los expertos, y ha dicho que va a colaborar, ¿cómo es que el jefe de Defensa (el general Salvador Cienfuego), dijera que no iba a permitir entrevistas? Me extrañó que hiciera ese tipo de declaración sin que hubiese una respuesta de la autoridad civil.
¿Cuándo sabrán la verdad los familiares de las víctimas de lo sucedido en Ayotzinapa?
Es un tema muy pesado, y estamos esperando una respuesta positiva del Estado. Hasta la fecha, no tenemos una respuesta positiva a la solicitud legítima del GIEI para entrevistar a los integrantes (del Batallón 27).
¿Cómo evalúa la ayuda para las víctimas de abusos de los derechos humanos?
En Iguala, hablamos con familiares de los normalistas, y con familiares de otras víctimas encontradas en fosas, que se han juntado en el grupo llamado “Los Otros”, que son más de 400 desaparecidos.
Han encontrado los restos de más de 110 personas, pero los buscan en los cerros, ayudados con una varita que entierran en el suelo, la sacan y la huelen para ver si detectan cadáveres… con esa técnica rudimentaria han encontrado esos restos.
La asistencia que quieren casi siempre las víctimas es la de la investigación seria con recursos necesarios, la identificación de los responsables, y el juicio y castigo para ellos.
En cuanto a otros apoyos, muchas se quejan de que lo que reciben no es adecuado, que implica mucho papeleo, pero el tema principal es en torno a la investigación, y lo que más nos dicen los familiares de las víctimas es que la búsqueda de justicia parece una simulación.
¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno al problema de seguridad?
No ha habido grandes cambios respecto a la estrategia del presidente Felipe Calderón. Ha seguido la política de dar prioridad al uso de las Fuerzas Armadas para funciones policiales no correspondientes y para las que no están capacitadas.
El resultado de eso son índices altísimos de violencia y abuso a los derechos humanos, con 27,000 personas no localizadas, de las cuales un buen número son desapariciones forzadas.
¿Cómo afecta la pobreza la situación de derechos humanos en México?
Hay una conexión directa que tiene más que ver con la combinación de la exclusión social, la desigualdad, el fácil acceso a las armas, el crimen organizado y la impunidad. Cuando se juntan esos factores, lo que hay es un mercado muy grande de jóvenes con rabia, sin trabajo, sin futuro, fácilmente reclutados para participar en crímenes graves, y en el crimen organizado. Se crea un nivel de violencia, temor, e impunidad que retroalimenta las violaciones graves a los derechos humanos.
En el caso de los migrantes, vemos situaciones de riesgo por el crimen organizado y las mafias que controlan el tráfico humano, junto con autoridades corruptas… esto hace que atravesar México sea un tremendo peligro para los migrantes, que terminan desaparecidos, ejecutados o víctimas de violaciones.
