Demócratas proponen exigir ayuda legal para niños no acompañados

El sistema de tribunales de Inmigración está aquejado de demoras y escasos recursos pero, en pleno año electoral, la medida tiene escasas probabilidades de ser aprobada

¡Muestra tu orgullo latino!

Sigue al Campeón de los Hispanos en Facebook
Demócratas proponen exigir ayuda legal para niños no acompañados
La medida busca que los niños y otros grupos vulnerables tengan acceso a abogados, programas de orientación legal y servicios sociales.
Foto: Archivo / EFE

WASHINGTON.- Un grupo de líderes demócratas del Senado presentó este jueves una medida para exigir que niños no acompañados de Centroamérica y otros grupos vulnerables tengan acceso a ayuda legal, financiada por el gobierno, y eviten así la “vía rápida” a la deportación.

Según un documento que obtuvo en exclusiva este diario, el proyecto de ley exige que el gobierno federal designe un abogado para niños no acompañados que, por falta de orientación o ayuda legal, no logran defender bien sus casos ante un tribunal de Inmigración.

El proyecto de ley “Justicia para los niños en las Cortes de 2016”,  presentado oficialmente hoy, es patrocinado por el líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid, y sus correligionarios de Nueva Jersey, Bob Menéndez; de Vermont, Patrick Leahy; de Illinois, Richard Durbin, y de Washington, Patty Murray.  Los senadores demócratas Al Franken, de Minnesota, y Mazie Hirono, de Hawai también respaldan la medida.

Por ahora no hay republicanos en la medida pero se prevé que otros legisladores se sumen al esfuerzo, además de que varios líderes de la Cámara de Representantes presentarán una medida similar, después del receso de la próxima semana por el feriado de “President´s Day”.

El proyecto de ley amplía las protecciones ya garantizadas por ley, con la diferencia de que el gobierno pagaría los costos legales para niños y otros migrantes en proceso de deportación, bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) o de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE),  y aquellos migrantes no detenidos pero que tramitan casos de asilo.

La medida, parecida a una que fue incluida en la fallida reforma migratoria del Senado de 2013,  surge mientras el tema de inmigración domina en la contienda presidencial y moviliza el voto hispano.

Se calcula que el 70% de las familias migrantes y el 50% de los niños no acompañados de Centroamérica carecen de acceso a ayuda legal, aún cuando muchos tienen casos de asilo válidos. En los últimos dos años, más de 112,000 familias y niños no acompañados en vías de deportación comparecieron en los tribunales sin ayuda de un abogado.

Según el proyecto “Transactional Records Access Clearinghouse” (TRAC), de la Universidad Syracuse, el 86% de los 18,607 madres y niños con órdenes de deportación finales entre julio de 2014 y diciembre pasado no tuvo un abogado para argumentar sus casos ante un juez.

Metas de la iniciativa

La medida busca que los niños y otros grupos vulnerables tengan acceso a abogados, programas de orientación legal, y servicios sociales una vez que salen de centros de detención.

El proyecto exige que el gobierno asigne un abogado a niños no acompañados, inmigrantes discapacitados, y víctimas de abuso, tortura o violencia, y requiere que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la fiscalía general establezcan mecanismos para que los inmigrantes detenidos accedan a programas de asesoría legal.

Además, crea un programa piloto de dos años para mejorar la adjudicación de casos en los tribunales de Inmigración, aumentando así la tasa de inmigrantes con citas para acelerar sus solicitudes.

También exige que el DHS presente informes anuales al Congreso sobre el número de inmigrantes que eventualmente reciben asesoramiento jurídico, y el número de los que participan en los programas de orientación legal.

Las leyes, en teoría y práctica

Bajo las leyes actuales, los migrantes detenidos tienen derecho a acceder a un abogado pero esas leyes no exigen que el gobierno cargue con el costo de la ayuda, y los menores dependen principalmente de la asistencia legal gratuita de grupos pro-inmigrantes.

En 2014, la Administración Obama anunció $2 millones para la designación de un centenar de abogados y asistentes jurídicos dentro del programa “AmeriCorps” para representar a los menores pero, según activistas, eso es insuficiente ante un sistema de tribunales aquejado de escasez de fondos y personal, e incapaz de agilizar los casos. 

Con demasiada frecuencia, los niños ni se enteran de la cita ante la corte porque los avisos llegan tarde o nunca, son enviados a una dirección equivocada, o porque la cita es en un tribunal cerca del lugar de detención y no de sus domicilios, según activistas y abogados.

Para el año fiscal 2017, el presidente Barack Obama ha solicitado al Congreso $428,2 millones para el Departamento de Justicia,  que controla los tribunales de Inmigración, un aumento de cerca del dos por ciento respecto al año fiscal 2016. De ese monto, $5,7 millones son para que la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR, en inglés) financie la construcción o ampliación de las cortes para los 55 equipos jurídicos que serán contratados este año fiscal.

Estado de desesperanza

Durante una conferencia telefónica para explicar los pormenores de la medida, los activistas explicaron que se trata de “un asunto de vida o muerte”, y presentaron el caso de “Karla”, una madre guatemalteca que en 2014 ya había sido deportada con su hija, entonces de dos años de edad.

“Volví a salir (de Guatemala) porque estaban amenazando a toda mi familia… cuando uno viene, uno no sabe nada y es importante tener un abogado”, afirmó “Karla”,  detenida en el centro de detenciones en Dilley (Texas) pero, contrario al 2014, ahora tiene representación legal gratuita por parte del proyecto “CARA”, a cargo de cuatro organizaciones cívicas que ayudan a la comunidad inmigrante.

 

¿Tiene posibilidades de aprobación?

La medida tiene que ser aprobada por ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley,  pero no está claro que logre apoyo republicano, sobre todo si implica gastos, y porque los republicanos más bien acusan a la Administración Obama de descuidar la seguridad fronteriza.

Pero Menéndez expresó confianza en que la Administración Obama se sume a estos esfuerzos y la medida sea incluida en una legislación de gastos obligatorios, para mejorar sus posibilidades de aprobación.

En 2014,  el senador republicano por Texas, John Cornyn, presentó el proyecto de ley “HUMANE Act” que eliminaba las protecciones del debido proceso para los niños que huyen de la violencia en los países del “triángulo del Norte”.

La medida de Cornyn, bloqueada por los demócratas, modificaba la llamada “Ley Wilberforce de 2008” contra el tráfico de personas, con la idea de  agilizar la deportación de los niños centroamericanos.

En la actualidad, esa ley de 2008 dicta que todo niño no mexicano detenido en la frontera sur sea entregado a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y a su vez la agencia federal los entrega a sus familiares o a hogares temporales mientras se resuelven sus casos en los tribunales de Inmigración.

Un sistema demasiado “complejo”

Consultados por este diario, tanto Reid como Menéndez coincidieron hoy en que el sistema migratorio es demasiado complejo como para pretender que los migrantes pueden navegarlo sin la debida representación legal.

Según Reid, los miles de mujeres y niños que “están huyendo de 3 de los 5 países más peligrosos del mundo” –Guatemala, El Salvador y Honduras-, merecen la “compasión” y protección del gobierno, porque se trata de una “crisis humanitaria”, cuya respuesta “no es un asunto político partidista”.

Al presentar la medida, Reid destacó en el pleno del Senado la galopante ola de violencia en los países del “triángulo del Norte” que obliga a mujeres y niños a huir  y buscar un “santuario” en este país.

 

Por su parte, Menéndez señaló que el sistema migratorio es “complejo, intimidante, y lejos de ser perfecto”, pero la medida daría a los menores y individuos vulnerables ayuda legal, mientras que los que están detenidos tendrían orientación sobre sus derechos y responsabilidades.

El año pasado,  la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) encabezó una demanda colectiva precisamente para exigir que el gobierno ofrezca abogados a los niños migrantes.

La iniciativa demócrata de hoy tiene el respaldo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), “Kids in Need of Defense” (KIND), y “First Focus Campaign for Children”.

 

Comentarios

Te recomendamos