Editorial: Una policía más transparente
Los contratos laborales entre el sindicato policial y una ciudad deben ser públicos
La percepción de que los cuerpos policiales protegen a sus agentes en casos de abuso o acciones impropias no es una cuestión de imagen sino una realidad. Los contratos entre el sindicato policial y los departamento locales de policía tienen en muchos cláusulas que permiten, y hasta obligan, la destrucción de documentación de quejas civiles, de investigaciones departamentales o acciones disciplinarias después de un período previamente negociado.
Esta es una de las revelaciones de un hackeo, supuestamente hecho por Anonymous, del sitio de la Orden Fraternal de la Policía que permitió la filtración de documentos, entre ellos 67 contratos laborales del sindicato que agrupa a 325,000 integrantes de la fuerza del orden.
En un 33% de los 67 contratos policiales filtrados negociado entres ciudades y sindicatos policiales haya cláusulas que “prohiben el acceso del público a los documentos de quejas pasadas de civiles, investigaciones del departamento y acciones disciplinarias.”
Según el análisis del The Guardian del material filtrado, se ven “numerosas cláusulas recurrentes para retrasar las investigaciones por acciones impropias, impedir el acceso del público a documento de quejas y acciones disciplinarias y permitir la destrucción” de estos documentos. Estas son algunas de numerosas prácticas para esconder tanto las impropiedades como para proteger la identidad de los autores de las mismas.
Es cierto que la labor policial tiene sus peculiaridades propias, de la misma manera que es natural que el sindicato quiera proteger a sus miembros, pero otro asunto es que tengan trato que no tiene ningun empleado, ni del sector privado. La destrucción de documentación perjudicial para el empleado, después de varios años o meses es inaceptable. Mucho más sis si lo que se encubre son abusos de civiles.
No es razonable que el público tenga acceso a los archivos laborales de nadie, pero si tienen estar accesibles y protegidos para el caso que sea necesario, por ejemplo en los tribunales.
La solución es que el contrato laboral de los policías estén sujetos a la misma transparencia que cualquier otro empleado público. La filtración confirmó lo que muchos pensaban sobre de que la misma pueda investigar sus propias irregularidades.Ya sabemos que en muchos el conflicto de interés que le impide hacerlo es un contrato laboral destinado para obstaculizar la investigación sobre el policía malo. Así es como se pierde la confianza pública.
