‘La Migra’ se llevó en redadas a madres que estaban con permiso legal y hasta de trabajo

Cuando el ejecutivo decidió emprender una serie de redadas de inmigración a principios de este año, el supuesto objetivo era deportar a familias centroamericanas que llegaron en 2014 y que tenían órdenes finales de deportación, “han agotado sus recursos legales y no tienen ningún otro recurso legal posible”.

Esa definición es una cita textual de las declaraciones del Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, emitidas el 4 de enero, inmediatamente después del arresto de 121 personas en redadas llevadas a cabo en varios estados del país.

El problema es que, según un reporte del Southern Poverty Law Center (SPLC) y la Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR), muchas de las mujeres que los agentes de ICE se llevaron detenidas en redadas realizadas en hogares, estaban en libertad con permiso del gobierno y se reportaban regularmente a este mientras peleaban sus casos.

Adicionalmente, al menos 33 de las 121 personas arrestadas en las primeras redadas de principios de año han recibido una suspensión de deportación temporal luego de la intervención de abogados. Esto implica que no era verdad que no tenían “más recursos legales en el país”, ya que al ser representadas legalmente lograron obtener un recurso legal y continuar peleando su caso, aunque ahora están detenidas y no libres junto a sus familiares.

Es el caso, por ejemplo, de la hondureña Ana Lizeth Mejía Gutierrez, una madre de 31 años que vino en 2014 con su hijo de 10 años y que había estado, bajo supervisión de ICE, viviendo con unos tíos en la ciudad de Atlanta.

El caso de Mejía Gutierrez es uno de varios presentados en detalle en el reporte “Familias atemorizadas: las redadas de Atlanta”.

Casi todos los casos delineados en el reporte tienen en común lo siguiente: un grupo de agentes de ICE se presentó en hogares al amanecer, en muchos casos sin identificarse, sino preguntando por un supuesto delincuente y dando el nombre de una persona que no vivía en esa residencia.

En casi cada caso presentado en el reporte, las madres refugiadas estaban bajo supervisión de ICE y algunas incluso aún llevaban el brazalete electrónico en la pierna. No sabían por qué, entonces, las habían llegado a recoger.

Al amanecer del 2 de enero, alguien tocó con violencia la puerta en la casa de los tíos de Ana Lizeth en Atlanta. El grupo de agentes que estaba en la puerta dijo que buscaban a un delincuente y mostraron la foto de un hombre afroamericano.

Se les dijo que ahí no vivía. Insistieron. Exigieron se abriera la puerta. “El marido de Johana, la tía de Ana Lizeth se puso nervioso y decidió abrir la puerta”, relata el reporte.

Ocho agentes entraron a la vivienda y comenzaron a pedir identificaciones. Al recibir la identificación de Ana Lizeth, los agentes le dijeron que tomara algo de ropa y se fuera con ellos: iba a ser deportada.

“Los agentes gritaban y el niño de 10 años empezó a temblar y llorar. La tía de Ana Lizeth les reclamó que mintieran para entrar en la casa. Finalmente se la llevaron, en una van y tras un viaje en avión, la joven terminó en el Centro Residencial Famiar de Dilley, en Texas con su hijo.

“Durante el viaje, Ana Lizeth nunca tuvo la oportunidad de llamar a su abogado de inmigración o a nadie más”, reza el reporte. Al llegar a Dilley, le exigieron que firmara su salida voluntaria, cosa que se negó a hacer.

No supo que en Dilley había abogados voluntarios hasta que otra detenida se lo dijo, y entonces logró reunirse con ellos.

“Nos trataron como unos criminales, y no se por qué. Yo había ido a mis citas con ICE. “Mi hijo está tan asustado, llora en la noche, no come. No sé por qué tuvieron que llevarnos de esa manera”.

Varios casos más, con similares características, están explicados en el reporte.

“Estas redadas deben parar”, dijo Eunice Cho, abogada del SPLC. “Las tácticas agresivas empleadas por el ICE debe alarmar a cualquiera que se preocupe por hacer cumplir la ley respetando los derechos legales de las personas. Cuando las fuerzas del orden entran en las casas de las personas sin orden judicial y encierran a personas negandoles su derecho a un abogado, todos debemos preocuparnos”.

Las redadas de principios de año en siete estados del país, resultaron en la detención de 121 personas provenientes de Centroamérica que llegaron a partir de 2014 buscando refugio. De estos 77 de ellos eran niños y 50 adultos, casi todas madres.

Al menos 33 de los arrestados aún permanecen detenidos peleando su deportación. Más de la mitad han sido deportados.

Más de 300 llamados de auxilio

Entretanto, una línea telefónica (1-844-363-1423) destinada por la organización United We Dream a recibir reportes de la comunidad sobre redadas y otras actividades de las autoridades migratorias, ha recibido 316 llamadas reportando presencia de ICE en comunidades y pidiendo ayuda.

No obstante, por el momento no se sabe si el gobierno realizará otra redada similar a la llevada a cabo del 2 de enero, aunque han dicho que vendrán más en las próximas semanas.

De estas llamadas, UWD describió al menos 30 testimonios de primer mano de incidentes que incluyen “entrada forzosa en hogares, tácticas violentas y arrestos equivocados”.

Cristina Jimenez, de UWD dijo que su organización seguirá monitoreando las actividades de ICE en las comunidades.

“Estamos exponiendo donde están los agentes de inmigración de Obama, sus acciones, y nos estamos asegurando que nuestra comunidad sepa qué hacer en estos casos”, dijo Jiménez.

“Los días en que los agentes de inmigración podían realizar sus redadas en el anonimato han terminado. Donde quiera que vayan los agentes van a encontrar a un niño con una cámara y donde quiera que vayan van a encontrar una madre que conoce sus derechos”, agregó.