¿Por qué la justicia mexicana no toca al ex gobernador Moreira?
El ex presidente del PRI, Humberto Moreira, consideró que su encarcelamiento por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y cohecho no perjudicaran al PRI. Crédito: Archivo | Agencia Reforma
MÉXICO – No se trata de cualquier personaje. El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, de 49 años, fue pieza clave en la campaña que encaminó a Enrique Peña Nieto a la presidencia del país cuando era líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) poco después de que dejó la riendas del estado en 2011 con una deuda pública de alrededor de 3,000 millones de dólares que adquirió con documentos falsos.
“Hasta la fecha nadie sabe en que invirtió ese recurso”, recuerda el senador y ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien denunció en su momento. Lo cierto –agrega- es que las instituciones que podrían investigar no mueven un dedo: la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila.
“Ese es justo el problema”, señala Pedro Gerson, consultor del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Hoy por hoy Arely Gómez, la procuradora General de la República que podría indagar o reclamar, al menos el dinero congelado a Moreira en Texas, no es independiente. Todo lo contrario: no es más que una empleada que puede quitar o poner el presidente sin ningún impedimento.
“Si la PGR o las procuradurías estatales tuvieran un ápice de independencia no importaría que el acusado fuera un ex presidente del partido; es decir, ir contra un político en México no es sólo un asunto legal sino de voluntad política”, agrega Gerson.
LOS PORQUÉS DE ESPAÑA
La otra institución que podría iniciar un proceso contra el ex presidente del PRI está en manos amigas: la fiscalía de Coahuila también depende del actual gobernador Rubén Moreira, hermano de Humberto.
Por ello no sorprendió que fuera en España (y no en México) donde se acusara y detuviera al ex gobernador el pasado 15 de enero aunque sea por unos días porque el juez no logró probar que los 200,000 euros transferidos a cuentas de Moreira en España, eran producto de un lavado de dinero, cohecho e investigación criminal por presuntos nexos con los Zetas.
“Era la crónica de un escándalo anunciado”, destaca Eduardo Bohorquez director de Transparencia Internacional.
Los abogados del político mexicano se movieron con rapidez y convencieron a la justicia española de que los dineros procedían de dos empresas de su cliente (aunque tienen un domicilio fiscal inexistente).
Otra de las razones que convencieron al juez Santiago Pedraz para liberar a Moreira de la prisión fue que la PGR archivó una denuncia anónima previa que lo vinculaba con los Zetas cuando era gobernador (2005-2011) y presuntamente permitió el establecimiento de cientos de narcotienditas.
Otras denuncias de Organizaciones No Gubernamentales sostienen que fue cómplice por negligencia o tolerancia de secuestros de locales y migrantes centroamericanos para abastecer de sicarios a la organización criminal. “También dejó entrar a los Zetas en la minas, en los pocitos y empobrecieron más aún a los mineros”, cuenta un activista en anonimato.
CORRUPCIÓN A MEDIDA
“Cuando el río suena agua lleva”, observa Bohorquez, de Transparencia Mexicana. Y lo que suena es que los gobernadores son el ejemplo más vivo de la impunidad porque sus legislaciones locales contra la corrupción no funcionan y el congreso no las cambia porque están controlados por ellos.
“El delito de corrupción prescribe muy pronto (en promedio cuatro años), por ejemplo, o los órganos fiscalizadores son independientes o no hay leyes que fiscalicen de manera adecuada otros rubros importantísimos como la obra pública, donde se roba mucho dinero”.
La anticorrupción en las entidades es tan cínica que incluso IMCO ha detectado a gobernadores que usaron recursos de las arcas públicas para “autoimputarse” cargos y evitar así que en un futuro fuera juzgado nuevamente porque por ley universal nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
