Tribunal Supremo estudiará legalidad de alivios migratorios de Obama

Anuncio insufla esperanza a posibles beneficiarios de extensión de “DACA” y de “DAPA”

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Tribunal Supremo estudiará legalidad de alivios migratorios de Obama
Jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. Evan Vucci - Pool/Getty Images

WASHINGTON.- El futuro de los alivios migratorios y de los cerca de cinco millones de posibles beneficiarios están ahora en manos del Tribunal Supremo, que este martes decidió tomar el caso de inmigración más significativo ante la máxima corte desde 2012.

Sin mayor preámbulo, el Tribunal Supremo aceptó escuchar el caso “United States v. Texas” a raíz de una demanda entablada por 26 estados, liderados por Texas y casi todos bajo control republicano, en contra de  los alivios migratorios anunciados por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014.

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Los alivios, conocidos por sus siglas en inglés “DACA” y “DAPA” y anunciados hace 14 meses, protegen de la deportación a hasta cinco millones de inmigrantes clandestinos, quienes además tendrían acceso a permisos de trabajo y, dependiendo del estado en el que vivan, también a licencias de conducir.

El caso llegó hasta la máxima corte de EEUU porque el Departamento de Justicia apeló un dictamen del quinto circuito de apelaciones en Nueva Orleans (Louisiana), que el año pasado respaldó a su vez el fallo del juez conservador, Andrew Hanen, del tribunal en  Brownsville (Texas), en contra de los alivios migratorios.

Se prevé que el Tribunal Supremo realice audiencias en abril próximo sobre el caso y emita un dictamen definitivo para finales de junio próximo.

Asuntos bajo la lupa

A los tres asuntos ya cuestionados por los dos tribunales de Texas y Louisiana, los nueve magistrados vitalicios del Tribunal Supremo añadieron otro: sobre si estos alivios migratorios violan o no una cláusula de la Constitución que obliga al Ejecutivo a “asegurarse” de que hace cumplir “fielmente” las leyes aprobadas por el Congreso.

En concreto, los jueces estudiarán además si los 26 estados tenían o no derecho legal a impugnar los alivios migratorios dentro de la Constitución; si Obama se excedió con sus medidas ejecutivas bajo las leyes federales y, por último, si su gobierno erró al no recabar comentarios del público antes de adoptar los alivios migratorios, como suele hacer con otras regulaciones federales.

Siguientes pasos

Se prevé que ambas partes del litigio presenten una serie de documentos para respaldar sus respectivas posturas.

Como suele suceder en estos casos, también grupos a favor y en contra de los alivios migratorios podrán presentar documentos ante el Tribunal Supremo, conocidos en términos legales como “amigos de la corte” (“amicus briefs”), que tienen, sobre todo, una carga simbólica.

Pero los 26 estados demandantes tendrán que superar una prueba clave en el litigio para demostrar que sí tienen derecho a demandar a Obama sobre cómo aplica la leyes de inmigración.

En concreto, los estados tendrán que despejar dudas de que al menos uno sufrirá daños si se da luz verde a los alivios migratorios. Los tribunales de Louisiana y Texas habían determinado que Texas sufriría daños tan sólo por el gasto implicado en la emisión de las licencias de conducir.

Posibles escenarios

De entrada, si el Tribunal Supremo decide en junio que los 26 estados no tenían derecho legal a entablar una demanda contra la Administración Obama, ese revés prácticamente anularía el caso y daría el pistoletazo para la puesta en marcha de los alivios migratorios.

Si prosigue el caso, el Tribunal Supremo, que tiene la última palabra sobre los asuntos de la vida nacional, entonces tendría dos senderos posibles: respaldar los alivios migratorios y ceder el paso a los preparativos para su implementación este verano o, por el contrario, reafirmar los fallos de las otras cortes y así sepultarlos para siempre.

Rayo de esperanza

El anuncio, con el que el Tribunal Supremo se inserta en un asunto volátil y dominante en este año electoral, insufla esperanza a los cerca de cinco millones de indocumentados que se beneficiarían de la extensión del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y uno similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido como “DAPA”.

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En entrevista con este diario, la ecuatoriana Cristina Jiménez, dirigente general del grupo “United We Dream”, consideró que un dictamen a favor de los alivios migratorios “sería el comienzo del fin de las políticas anti-inmigrantes” de buena parte de los líderes republicanos dentro y fuera de la contienda presidencial.

La activista Cristina Jiménez, una "Dreamer" y dirigente de "United We Dream", confía en que el Tribunal Supremo apoyará los alivios migratorios que beneficiarán a su padre.
La activista Cristina Jiménez, una “Dreamer” y dirigente de “United We Dream”, confía en que el Tribunal Supremo apoyará los alivios migratorios que beneficiarán a su padre.

“Confiamos en que el Tribunal Supremo se pondrá del lado de la justicia, porque esto es constitucional y es lo correcto: saca de la sombra a millones de indocumentados…ya hemos visto los beneficios del DACA para millones de jóvenes que ahora pueden estudiar, trabajar, y ayudar a sus familias y comunidades sin miedo a ser deportados”, dijo Jiménez, una “Dreamer” que emigró a EEUU con sus padres a los 13 años de edad.

“Para mi familia sería un alivio tremendo. Mi papá ha recibido montones de multas en Nueva York por conducir con licencia de otro estado, y como él hay millones de más, algunos conducen sin licencia porque tienen que trabajar y no les queda más remedio”, agregó.

Por su parte, Brenda Guigui, nacida en Los Angeles (California) de padre guatemalteco y madre mexicana, dijo a la prensa que se trata de “un asunto personal” que tendrá repercusiones para su familia y la de millones más.

“Mis padres están listos para solicitar DAPA en cuanto la corte lo permita… estamos poniendo nuestra fe en nuestro sistema de justicia y esperamos que el Tribunal Supremo falle a nuestro favor”, dijo Guigui, quien prometió movilizar el voto hispano contra líderes anti-inmigrantes.

El anuncio también dejó al descubierto la polarización en torno a cómo responder a la inmigración ilegal: la Casa Blanca, grupos pro-inmigrantes de todo el país, y líderes demócratas del Congreso aplaudieron el anuncio, mientras que líderes y grupos conservadores insistieron en que Obama abusó de sus poderes ejecutivos.

En ese sentido, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que el tribunal no solo reconoce la importancia de la separación de poderes sino que, a su juicio, debe “afirmar” que Obama no puede reescribir las leyes del Congreso y obviar a los “representantes del pueblo”.

Precedentes legales

Se trata del caso migratorio más significativo ante el Tribunal Supremo desde 2012, cuando los nueve jueces emitieron un dictamen mixto, 5-3, en torno a la controvertida ley estatal de Arizona “SB1070”, que criminalizaba la presencia ilegal en ese estado.

En ese caso, el Tribunal Supremo dejó en pie la cláusula que permite que los policías pidan los “papeles” a personas que detienen o arrestan si sospechan que son indocumentadas.

Pero la máxima corte desechó las otras tres partes de la polémica ley promulgada en 2010, dejando en claro que los gobiernos estatales no pueden usurpar los poderes del gobierno federal para el cumplimiento de las leyes migratorias.

Durante una conferencia telefónica, expertos legales y activistas pro-inmigrantes insistieron en que las medidas ejecutivas de Obama caben plenamente dentro de la “discreción procesal” con la que cuenta cada presidente para la aplicación de las leyes.

El entonces presidente George H. W. Bush también tomó medidas ejecutivas para proteger a ciertos inmigrantes indocumentados, recordaron.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, en inglés), afirmó que un fallo a favor, cuando Obama sólo le quedarían seis meses en el poder, le devolvería la “dignidad, seguridad y libertad” a los beneficiarios.

Según Elizabeth Wydra, abogada del “Congressional Accountability Center”, el tiempo apremia y los alivios migratorios han sufrido una enorme demora por una demanda con fines políticos,  causando enorme zozobra para “millones de niños y sus familias” que merecen una pronta respuesta.

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