Debate por beneficio fiscal pone en riesgo viviendas asequibles

La ley 421-a vence este viernes y aún no se acuerda su extensión.

Protesta trabajadores de la construcción

Protesta trabajadores de la construcción  Crédito: Gerardo Romo | El Diario

Nueva York- El alcalde Bill De Blasio quiere construir y preservar 200,000 viviendas asequibles en diez años, pero una discusión entre él, el gobernador Andrew Cuomo, los desarrolladores inmobiliarios y los sindicatos de la construcción podría transformarse en un serio obstáculo para esta meta.

Porque este viernes vencería la ley 421-a, un beneficio fiscal para los desarrolladores inmobiliarios. El alcalde Bill De Blasio intentó reformar esta ley, para garantizar que quienes reciban estos dineros entreguen viviendas asequibles, sin embargo durante la última discusión legislativa, la medida fue prorrogada por seis meses sin cambios.

“Esta no es la primera vez que el 421a está al borde de no ser renovado. Creo que hay muchas razones para que esta vez sea salvado”, dijo el alcalde De Blasio en una conferencia de prensa el lunes, cuando anunció que este año se construyeron y preservaron más de 20,000 viviendas asequibles.

Sin embargo, la comisionada del área comentó que ha notado un mayor movimiento en la industria frente a esta amenaza. “Ciertamente hemos visto un alza en los permisos de construcción, sin dudas generada por el deseo de comenzar trabajando antes de que venza el 421-a”, dijo Vicki Been, comisionada del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. “Siempre estamos desarrollando nuevos programas y estos llegarán a través de los años, de acuerdo a las necesidades que surjan”.

La discusión sobre la extensión de este programa está entrampada, debido al conflicto de opiniones entre la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, que agrupa a los desarrolladores, y el Consejo de Edificios y Construcciones, la agrupación sindical más importante del área. El alcalde De Blasio había propuesto que el nuevo 421-a obligara a entre 25 y 30% de viviendas asequibles a quienes tuvieran este beneficio fiscal, lo que fue alabado por los activistas de vivienda.

Pese a esto, las agrupaciones de trabajadores protestaron debido a que no se incluyó en el trato que se tenga que pagar sueldos de sindicato. Los desarrolladores inmobiliarios dicen que esto implicaría aumentar los costos en un 20 a un 30%, lo que disminuiría la cantidad de viviendas asequible.

Ni el gobernador ni los sindicatos accedieron a hablar con El Diario, explicando que la negociación aún está en proceso. Si el programa vence, el gobernador, la Asamblea y el Senado Estatal deberán organizarse para considerar si lo renuevan o realizan cambios. En el pasado año fiscal, que concluyó en junio de 2015, éste entregó $1,110 millones en beneficios fiscales. Se espera que este año la cifra aumente y llegue a $1,260 millones, de acuerdo a un estudio de la Oficina Independiente de Presupuesto de la ciudad.

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