¿Puede Obama otorgar un TPS para los migrantes de Centroamérica?

WASHINGTON.- Si el presidente Barack Obama no quiere ser recordado como “el presidente de las deportaciones”, debería permitir la “discreción procesal” para implementar un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los centroamericanos que huyen de la violencia en la región, afirmaron este martes activistas y expertos pro-inmigrantes.

Aunque el “TPS” es un beneficio migratorio que sólo aplica a indocumentados de países con conflictos civiles o desastres naturales, la página web de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) explica que también se puede ofrecer bajo ciertas “condiciones extraordinarias” o temporales.

Varios activistas y expertos consultados hoy por este diario coincidieron en que la Administración Obama debería sopesar flexibilizar el programa del “TPS” para ayudar a quienes huyen de la narcoviolencia y las pandillas en el llamado “triángulo del Norte”, compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras.

“Los centroamericanos que huyen de la violencia deberían ser tratados como refugiados. Si son deportados, muchos irán a una muerte segura, y por eso estamos insistiendo en un TPS urgente para ellos”, explicó Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland.

“La Administración lo puede hacer sin ir al Congreso, porque es una decisión administrativa que el presidente Obama puede tomar. Estamos hablando de familias enteras, de madres y niños que huyen de una violencia peor que la que afrontaron en las guerras civiles hace 30 años”, enfatizó.

Para el abogado de inmigración, David Leopold, el “TPS”  es tan sólo una de las opciones que tiene Obama para no deportar a las familias, pero “el problema es que su gobierno está viendo esto solo como un asunto policial, no como algo mayor que es,  una crisis humanitaria regional”.

“La Administración debe usar sus recursos para corregir de raíz las causas de la migración… tiene que asegurar que no deporta a migrantes inocentes a la violencia de la que huyeron, hacer algo más que procesar a los centroamericanos en la región”, afirmó Leopold.

Por su parte, la activista Conchita Cruz secundó la idea del “TPS” como una “medida temporal que reconocería la extrema violencia y el trauma que han sufrido estos refugiados que vienen a nuestro país en busca de protección”.

“Un TPS sería un paso hacia adelante con el que EEUU puede asumir su parte de responsabilidad por haber exportado la violencia de las pandillas a Centroamérica a través de draconianas políticas de deportaciones. Estas han causado inseguridad y violencia en toda la región”, enfatizó Cruz.

Pero, según observadores, un “TPS” sería, en estos momentos, políticamente inviable porque enviaría un mensaje contrario a la meta de EEUU de frenar la emigración ilegal.

“Cuando el presidente Obama toma medidas ejecutivas tiene que hacerlo dentro del margen de las leyes existentes y eso aplica también a una consideración del TPS. La discreción (procesal) que tiene el presidente no es absoluta y tiene que estar en el marco de la ley que creó el TPS… es algo que aplica a situaciones de emergencias”, dijo el congresista demócrata por California, Xavier Becerra.

Un “TPS” justificado

El “TPS” no confiere la residencia permanente ni beneficios federales pero sí ofrece un estatus legal temporal y permisos de trabajo, para que los beneficiarios puedan vivir y trabajar sin temor a la deportación.

En la actualidad, once países están en la lista de beneficiarios del “TPS”, incluyendo El Salvador, Honduras y Nicaragua, por desastres naturales a finales de la década de 1990 y comienzos de la de 2000.

Según los expertos, las condiciones de violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras  constituyen una situación extraordinaria que, agravada por la ineficacia de los gobiernos, más que justifican un nuevo “TPS”, pero sus reclamos hasta ahora han caído en oídos sordos.

Se calcula que para el 2011, alrededor de 1,5 millones de centroamericanos de esos tres países vivían en EEUU, aunque la cifra ahora podría ser mayor ante el continuo goteo de inmigrantes en la frontera sur.

En la actualidad, el gobierno federal acepta a un número limitado de personas que solicitan asilo o estatus de refugiado –el tope es de 70,000 refugiados al año, de los cuales solo 4,000 van para Latinoamérica y El Caribe-, pero cada categoría también tiene numerosos requisitos y restricciones.

Críticas al programa de refugiados centroamericanos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha prometido agilizar los mecanismos dentro del programa para refugiados (CAM, en inglés), que beneficia a menores de 21 años de El Salvador, Honduras y Guatemala que tienen con padres con estatus legal en EEUU, para que éstos puedan solicitar visa de refugiado desde sus países de origen, evitando el peligroso camino hacia el Norte.

Pero el programa no ha estado libre de trabas y críticas, en particular porque éste elimina la posibilidad de la reunificación familiar entre niños y sus padres indocumentados en este país.

Mientras, los alivios migratorios –congelados en los tribunales- solo beneficiarían a padres indocumentados con hijos ciudadanos  o residentes legales.

El DHS continuará las redadas y deportaciones de quienes no califican para asilo u otro beneficio migratorio, caen en las cuatro categorías para las deportaciones, o que ya han recibido órdenes de deportación porque, según el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson,  las fronteras de EEUU “no están abiertas a la inmigración ilegal”.

Según expertos como Leopold, la solución a largo plazo es una reforma migratoria integral y medidas para combatir de raíz los problemas de inestabilidad en Centroamérica.

Sólo que el Congreso no tiene apetito para una reforma y, presionado por grupos antiinmigrantes, el gobierno tampoco puede frenar todas las deportaciones.

Así las cosas, los centros de detención seguirán llenándose de migrantes que llegan a EEUU en busca de refugio, aseguraron los activistas.