Corte Suprema vuelve al trabajo con vista puesta en el aborto y derecho al voto

El Tribunal Supremo volvió hoy al trabajo con la vista puesta en polémicos asuntos sociales como el aborto o la discriminación positiva de las minorías para entrar en la Universidad, así como casos relacionados con el derecho al voto que podrían influir en los comicios presidenciales de 2016.
Como cada primer lunes de octubre, los nueve jueces del alto tribunal, cinco nombrados por presidentes republicanos y cuatro por demócratas, celebraron su primera reunión para votar sobre algunos de los casos que habían llegado a sus despachos desde que comenzaran su receso estival en junio.
Entonces, la Corte Suprema hizo historia al legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, avaló la reforma sanitaria del presidente Barack Obama y dio continuidad a la pena de muerte al permitir el uso de un polémico sedante utilizado en las inyecciones letales.
En esta ocasión, la lista de casos no estará menos cargada, pero contará con la singularidad de que, en el momento de publicar sus decisiones, en junio de 2016, solo quedarán unos meses para las reñidas elecciones de noviembre, de las que saldrá el presidente que gobernará el país durante los próximos cuatro años.
En ese contexto, ganan especial importancia los dos casos sobre el derecho al voto de los estados de Texas y Arizona que posiblemente estudie el Supremo y en los que se replanteará el principio de “un hombre, un voto”, que ya definió en 1964 el alto tribunal para evitar la discriminación geográfica.
Entonces, en plena lucha por los derechos civiles para los afroamericanos, la intención del Supremo fue evitar que las zonas rurales -tradicionalmente blancas- tuvieran más poder a la hora de elegir representantes que las ciudades, donde vivía en mayor proporción la minoría negra.
Ahora, los estados de Texas y Arizona, tradicionalmente conservadores, desafían la forma en la que se contabilizan los votantes, en donde suele incluirse a todos los habitantes de una zona, con independencia de si son o no ciudadanos estadounidenses y, por tanto, tienen derecho a votar.
En el caso de Texas, dos votantes quieren forzar al estado a contabilizar el número de votantes y no de personas que viven en los distritos electorales.
De fallar a favor de los demandantes, en futuras elecciones, el Supremo daría más peso a zonas rurales y tradicionalmente republicanas frente a las concentraciones urbanas y demócratas, donde vive la mayor parte de la comunidad hispana indocumentada y que, a pesar de no tener residencia legal, figuran en el censo.
Otro de los asuntos sobre los que podría pronunciarse la máxima instancia judicial del país es el aborto, un tema sobre el que no dictamina desde 2007.
Bajo la lupa de los jueces estará una conflictiva ley del estado de Texas, promulgada en 2013, y que provocó el cierre de la mitad de las clínicas donde se practicaban abortos, con la consecuente merma de los derechos reproductivos de las mujeres, especialmente de las más pobres, según varias organizaciones.
El alto tribunal también podría estudiar el derecho que tienen las empresas privadas para no incluir, por razones religiosas, anticonceptivos en los planes de salud que tienen que ofrecer a sus empleados desde que fuese promulgada en 2010 la reforma sanitaria del presidente Barack Obama.
Desde entonces, la reforma sanitaria, conocida por sus detractores como “Obamacare”, ha tenido que sortear las continuadas embestidas de la oposición republicana y dos recursos ante el Supremo, el último de ellos este pasado junio.
El Supremo podría estudiar también, durante este nuevo periodo, un caso relacionado con la discriminación positiva de las minorías y que promete levantar las pasiones de la comunidad negra, muy activa en la lucha por sus derechos este último año tras la muerte de varios afroamericanos a manos de policías blancos.
Los magistrados estudiarán por segunda vez el caso de Abigail Noel Fisher, una joven blanca que demandó en 2008 a la Universidad de Texas por no admitirla como alumna al aplicar criterios que dan prioridad a los jóvenes pertenecientes a minorías, especialmente afroamericanos e hispanos.
En junio de 2013, el Supremo devolvió el caso a la Corte de apelaciones del Quinto Circuito federal.
De acceder a estudiar el caso de Fisher y luego pronunciarse a favor de la joven, el Supremo sentaría jurisprudencia para anular los programas de discriminación positiva vigentes en universidades de todo el país.
Otros casos, como el poder de los sindicatos en el sector público, completan la lista de asuntos que estudiarán los nueve jueces, con cargos vitalicios y que con sus decisiones abren y cierran épocas mientras escriben la Historia sobre la que actúan el resto de ramas del país, la Ejecutiva y Legislativa.