Demandan a EEUU por usar armas químicas en Vieques

San Juan, 24 sep – La unión de abogados estadounidenses y otras cuatro organizaciones demandaron a EE.UU. ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “graves violaciones de los derechos humanos” a raíz del uso de armas biológicas y químicas en la isla puertorriqueña de Vieques.

“La Marina de EE.UU. ha bombardeado y utilizado armas biológicas y químicas en Vieques por 60 años como parte de sus prácticas militares, causando décadas de constante contaminación de tierra, mar y aire“, señaló hoy el Sindicato Nacional de Abogados (NLG) de EE.UU. al anunciar la presentación de la demanda.

Los demandantes sostienen que como resultado de esas prácticas en Vieques, de 33 kilómetros de largo y 7 de ancho, los cerca de 9,000 residentes de la isla sufren “en un porcentaje desproporcionado” enfermedades como cáncer, hipertensión y patologías respiratorias.

Secundan la demanda el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la Escuela de Derecho de Western New England y la Alianza de Mujeres Viequenses.

“EE.UU. debe responder de una vez por su legado de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Vieques”, defendió este martes la copresidenta del Comité Internacional del NLG, Natasha Lycia Ora Bannan.

En un comunicado, explicó que hay familias residentes en la también llamada “Isla Nena” que por generaciones siguen sufriendo problemas crónicos de salud como resultado del tóxico ambiente en el que viven.

“Estas violaciones no pueden seguir impunes“, defendió la abogada, que también representa en la demanda a diez personas que se dicen víctimas de la contaminación derivada de las prácticas militares.

Esas personas aseguran que ellas o sus familiares han visto violados sus derechos humanos durante seis décadas, entre ellos los “derechos a la salud, la vida, el trabajo, la libertad de movimiento y de residencia, y el acceso a la información y a la justicia”.

“Demandan al Gobierno de EE.UU. y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se hagan responsables de no haber respetado, protegido y cumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos”, aseguran los demandantes.

Zaida Torres, una de las demandantes y codirectora de la Alianza de Mujeres Viequenses, acusó al Gobierno de Puerto Rico de “olvidar constantemente a los habitantes de Vieques”, lo que “agrava el atroz daño causado por la Marina estadounidense” durante los años en los que operó la base militar que tenía en esa isla.

La base cerró en 2003 pero gran parte del terreno sigue bajo control federal y no ha sido convenientemente limpiado para que pueda volver a ser habitable, según denuncian los demandantes.

Además, aseguran que hasta el momento la Marina ni siquiera ha hechos públicos los datos de toda la artillería que fue utilizada en Vieques para sus ejercicios militares, así como la usada por otros cuerpos a los que se les alquilaban las instalaciones.

La base militar en Vieques abrió sus puertas en los 40 y las cerró hace diez años, después de décadas de lucha del pueblo de Puerto Rico por acabar con las prácticas militares.

El detonante final se encendió un 19 de abril de 1999, con protestas pacíficas que dieron la vuelta al mundo. Ese día falleció el vigilante civil David Sanes por el impacto de una bomba de más de 200 kilogramos disparada desde un F-18, incidente en el que resultaron heridas otras cuatro personas.

El incidente reavivó un sentimiento de rabia entre los puertorriqueños contra la presencia de la Marina en Vieques, a tan sólo diez kilómetros de la isla principal de Puerto Rico.

Bajo la presidencia de Barack Obama, Washington ha desestimado más de 7,000 demandas de vecinos de Vieques para ser compensados por problemas de salud con origen en las prácticas militares.

Presentan estudios de investigadores locales que hablan de restos de napalm, uranio y otras sustancias con las que experimentaban los militares estadounidenses.

Además, quedan en el agua miles de proyectiles, de los que ya se han recuperado cerca de 40,000. Más de dos tercios de la superficie terrestre fue expropiada a sus propietarios en los 40 y 800 familias fueron obligadas a abandonar sus casas de áreas hoy cerradas a causa del material militar depositado.