HRW: Desapariciones en México, ignoradas por Calderón
La organización internacional Human Rights Watch denunció 249 casos de desaparecidos desde 2006 en el país que todavía siguen sin ser resueltos
Familiares de 45 personas desparecidas en México denuncian la falta de ayuda por parte del gobierno. Crédito: Gardenia Mendoza/La Opinión - / Archivo
MEXICO — José Fortino Martínez Martínez dormía con su esposa y sus cuatro hijos en su casa en la localidad fronteriza norteña de Nuevo Laredo, cuando una madrugada de junio de 2011 el ruido de la puerta rota lo despertó. Entre siete y ocho hombres enmascarados entraron a su cuarto portando armas largas y chalecos antibalas con la leyenda “Marina”.
Martínez, de 33 años, fue llevado por miembros de la Marina, según el testimonio de varios de sus vecinos que testificaron la escena. Y aunque el cuerpo naval negó cualquier detención, semanas después dijo que investigaría el hecho.
Desapariciones siguen sin ser resueltas
Hasta ahora, sin embargo, nada se sabe del paradero del hombre, cuya historia es parte de un nuevo reporte de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) sobre desapariciones en México en medio de la lucha contra el narcotráfico que siguen sin ser resueltas y que representa un desafío más para el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo triunfo fue impulsado en parte por el descontento con la política de seguridad del anterior gobierno.
HRW documentó 249 casos de desapariciones
En el reporte “El Persistente costo de una crisis ignorada”, divulgado el miércoles, HRW informó que ha logrado documentar 249 casos de desapariciones desde diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su ofensiva contra el narcotráfico y que incluyó el despliegue inédito de miles de soldados, marinos y policías federales a lo largo y ancho del país.
El grupo internacional señaló que del total de casos documentados, en 149 encontró evidencia de que se trataron de posibles desapariciones forzadas, es decir, apoyadas o cometidas por fuerzas de seguridad, como el caso de Martínez.
Filtraciones oficiales de bases de datos listan más de 20.000 desaparecidos
La organización reconoció, sin embargo, que los 249 casos son apenas una fracción de las desapariciones ocurridas en los últimos años, sobre todo a la vista de recientes filtraciones de supuestas bases de datos oficiales que listan más de 20.000 desaparecidas en los últimos seis años.
Una organización civil mexicana, Propuesta Cívica A.C., publicó en diciembre una de las bases de datos presuntamente de la Procuraduría General de la República en la que registra 20.852 desaparecidos. Días atrás, el diario The Washington Post publicó una nota en la que señaló que también había recibido una lista elaborada supuestamente por la misma dependencia oficial, pero que contabilizaba más de 25.000 personas desaparecidas.
La misma organización HRW señaló a propósito de la nota del Washington Post que de ser cierta la lista “situaría a la ola de desapariciones ocurrida en México durante el sexenio del presidente Calderón entre las peores en la historia de América Latina”.
Calderón falló en investigar las desapariciones adecuadamente
En el reporte divulgado el miércoles, HRW señaló que Calderón falló en tomar los pasos necesarios para enfrentar e investigar las desapariciones.
“Si la administración de Peña Nieto repite esos errores -y falla en establecer un plan amplio y efectivo para investigar desapariciones pasadas y ayudar a prevenirlas-, los casos de desaparecidos seguramente continuarán incrementándose”, señaló el informe.
El organismo dijo que la lucha contra las drogas de Calderón “produjo resultados desastrosos”, no sólo por fallar en enfrentar a los grupos del narcotráfico, sino porque la estrategia también se tradujo en un incremento de las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
HRW llamó al gobierno de Peña a firmar una orden ejecutiva para que todos los detenidos sean presentados inmediatamente ante los fiscales correspondientes y bajo ninguna circunstancia sean llevados a instalaciones militares, estaciones policiales o centros de detención ilegales para ser interrogados, como en los últimos años llegó a ocurrir.
