Sección 8 tiene pocos recursos contra fraude

Cubierta con gruesas cortinas, la casa amarilla de la Calle 51 en el Sur de Los Ángeles pocas veces tiene visitas. Quien la renta la utiliza desde hace mucho tiempo como bodega y no para vivir.

“La casa está abandonada”, confirma un vecino. “Vienen pero sólo se quedan un rato”, agregó.

Nada malo ocurriría de no ser porque parte del alquiler de la vivienda se paga con asistencia del gobierno federal, a través del programa Sección 8, un subsidio que aún esperan recibir 200,000 familias en este condado. La lista dejó de crecer porque desde hace dos años no se aceptan solicitudes.

“Es ridículo”, dice el vecino de la casa deshabitada, cuya participación en el programa fue comprobada por fuentes de La Opinión. “Hay mucha gente que de verdad necesita el apoyo”, lamentó.

Los recortes fiscales han dejado a la Autoridad de la Vivienda del condado con los recursos mínimos para administrar la Sección 8, que beneficia a más de 22,000 familias de bajos recursos.

Sólo en dos años la dependencia perdió el 25% de su presupuesto, despidió a casi 30 empleados y se quedó con apenas tres personas en su unidad antifraude.

“Con sólo tres investigadores de todo el condado es imposible eliminar el fraude y el abuso, para estar seguros de que quienes realmente necesitan la vivienda la obtengan”, comentó Tony Bell, portavoz del supervisor del condado Michael Antonovich.

Dicha agencia, que ha conducido más de 4,300 investigaciones por fraude desde 2008, ha tenido que echar mano de otras herramientas para evitar el mal uso de los 220 millones de dólares que cada año recibe del Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

Dada la cantidad de beneficiarios, la tecnología ha jugado un papel importante en esa tarea.

“No sólo contamos con los investigadores, también tenemos sistemas electrónicos y con la ayuda del IRS [Oficina de Recaudación Tributaria] vemos si alguien está cometiendo fraude”, expone Emilio Salas, subdirector ejecutivo de la Autoridad de la Vivienda del condado.

El trabajo de los tres investigadores, explicó el funcionario, se ha centrado en atender las denuncias que reciben vía telefónica en la división antifraude, dando prioridad a las quejas más relevantes. “Ellos responden a las llamadas del público, por ejemplo, si una persona nota que su vecino, que está en Sección 8, tiene un trabajo pero no lo reporta”, indicó Salas.

Son tres, pero son suficientes para seguir las quejas que reciben en una línea telefónica especial, afirma.

El caso de las municipalidades del Valle del Antílope que utilizaron la fuerza pública para desahogar las investigaciones por supuesto abuso en el programa, acciones que les han valido señalamientos por acoso y discriminación racial, muestran la otra cara del problema.

De acuerdo al grupo de defensoría legal Public Counsel, en las ciudades de Palmdale y Lancaster los latinos y afroamericanos han sido más propensos a ser objeto de indagatorias por fraude a Sección 8, lo cual esconde otra intensión: evitar que éstos se muden ahí.

Mientras avanza un reporte del Departamento de Justicia y HUD, esta semana el gobierno de Palmdale llegó a un acuerdo en el cual se comprometió a no buscar información de los beneficiarios de Sección 8 y a no utilizar fondos públicos para pagar el sueldo de investigadores. Así evitó los tribunales.

Hace unos días los supervisores del condado pactaron crear nuevas políticas que velen por los inquilinos y prevenir la participación “indebida” de agentes del Sheriff en denuncias relacionadas con el programa.

Lancaster, por su parte, no ha dado su brazo a torcer y la demanda en su contra sigue en pie.

Según el alcalde, R. Rex Parris, ahí se ha creado un escenario para que los “delincuentes” puedan actuar con impunidad. “Se envía un mensaje equivocado a la opinión pública”, comentó.

Bell coincide en que por falta de vigilancia el fraude “se ha arraigado con eficacia” en esa zona.

Pero Mercedes Márquez, secretaria asistente de la Oficina de Desarrollo y Planeación Comunitaria de HUD, tiene otra perspectiva en relación al abuso en programas de vivienda (algo que, dijo, ocurre poco) y, en particular, del caso del Valle del Antílope.

Según la funcionaria federal, debe haber un “balance razonable” entre aplicar la ley y ofrecer asistencia a las familias que realmente lo necesitan.

“Ciertamente el trabajo de HUD y de las agencias locales es hacer todos los esfuerzos razonables para limitarlo [el fraude], tener el tipo correcto de revisión, asegurarse de que se cumplen las regulaciones. Pero, por otro lado, se debe tener la regulación que asegure que evitas que ocurra un fraude, pero también debes seguir ofreciendo vivienda a miles de personas”, señaló.

Respecto a la investigación que se conduce en ambas ciudades, Márquez, exdirectora del Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD), comentó que, de comprobarse las irregularidades, éstas podrían dejar de recibir fondos de HUD.

“Si es verdad que están enfocados en las personas que reciben Sección 8 y que eso es por su raza, es inaceptable”, comentó Márquez en una reunión editorial con La Opinión.

Para reportar fraude en el programa federal Sección 8 llame al teléfono (877)881-7233 o envíe un correo electrónico a fraud@lacdc.org.